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El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, pidió marcaje y atención especial a la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante los procesos electorales federal y locales en curso, ante recientes resoluciones que resultan insostenibles.
La sentencia por la que el Tribunal revocó las reglas de “cancha pareja” que habían sido emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar buen manejo de recursos públicos y la equidad electoral, fue revertida con argumentos poco sólidos, estimó.
“Es increíble los malabares que hacen para rechazar la decisión del INE” y es un ejemplo de que por más que se haga un esfuerzo para inhibir prácticas que alteren la competencia política, “si falla el juez, falla todo lo demás”.
En ese caso declaró la supuesta inconstitucionalidad de normas que buscan impedir la distorsión en el proceso, y el TEPJF lo que dice es “no, te excediste” pero sobre todo dejó un vacío legal y con ello condiciones que permiten el mal manejo de recursos en la etapa previa a las campañas.
Lo que hizo fue mantener el vacío normativo y no sólo eso, sino que permite los efectos nocivos, destacó.
La otra resolución “insostenible”, prácticamente sin argumentos, dijo, fue la emitida al resolver sobre la elección en Coahuila y los gastos detectados por el INE.
Pareciera que la decisión fue tomada antes y luego construyeron argumentos para justificar la decisión tomada, estimó el catedrático e investigador, razón por la que pidió poner atención al actuar del TEPJF.
Razonaron como juez penal –aseguró- y “a la defensiva de los intereses del partido y del candidato ganador” y no salvaguardaron los principios constitucionales que dotan de certeza a las elecciones: equidad y manejo de recursos lícitos en las campañas.
“A mi juicio no hay argumentos” en esa sentencia agregó, por lo que ambos son ejemplos de cómo cuando la justicia falla, las demás acciones terminan siendo vanas, vacuas e inoperantes.
En cambio contrastó con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, ante la omisión en que ha incurrido durante una década el Poder legislativo en expedir la regulación secundaria sobre propaganda gubernamental, le ordenó emitirla antes de que inicien las campañas pues de lo contrario se genera opacidad total lo que impacta libertad de prensa y de información.
