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ricardo.gomez@eluniversal.com.mx
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Díaz-Santana, aseguró que el expediente por el caso Odebrecht sigue abierto y la dependencia mantiene las diligencias con el fin de concluirlo. “Sigue abierto y se sigue trabajando”, dice.
A dicho expediente, por el cual fue cesado el anterior fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, a quien se acusó de hacer pública información que requería secrecía, afirma Díaz-Santana que no se le ha dado “carpetazo” en su gestión, puesto que eso sería convertirse en corresponsables.
En la investigación que data desde la época de Nieto Castillo se presume que dinero de Odebrecht fue a parar a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto. Por esa operación ilícita se señaló a Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Díaz-Santana acepta lo delicado del expediente, pero no da tiempos para su conclusión.
Rumbo a la elección del 1 de julio, al titular de la FEPADE le preocupa que la ciudadanía no tenga confianza en el resultado final de los comicios.
En entrevista con EL UNIVERSAL, pide a la sociedad dar “un cheque en blanco” a las instituciones y confiar en su actuación, que incluso lo lleva a asegurar tajante: no habrá fraude electoral.
El funcionario acepta que es momento de una reforma legal que toque a las redes sociales, “con el fin de inhibir la guerra sucia”, dice.
¿Cuál es su impresión de las campañas hasta el momento?
—Lo que les podría decir es que tengan la confianza suficiente, las tres instituciones que están prácticamente siendo responsables de la buena organización del proceso electoral están listas, el Instituto Nacional Electoral tiene bien desarrollado y además bien organizado el proceso electoral. El tribunal está recibiendo y está atendiendo las incidencias que se puedan presentar y nosotros como Fiscalía Especializada llevamos en este ámbito de ejercicio la recepción de denuncias, pero sobre todo trabajando en una campaña muy intensa para prevenir la comisión de delitos electorales.
¿La judicialización es normal o debemos, en algún momento, llegar a un estado en el que no deba darse, como sucede en países de Europa?
—Creo que debemos empezar a construir esquemas de institucionalidad en el ámbito de la democracia representativa, ¿qué quiere decir? Que México o que su alternancia, prácticamente la construcción de su sistema electoral, se da en el año 2000, han pasado 18 años.
En estos 18 años se sigue recurriendo demasiado, en mi opinión, a tribunales electorales y tenemos que apuntar a una próxima reforma electoral de dos sentidos: una reforma de carácter estructural, que siempre sea para los temas que no se han contemplado, vamos a requerir de nuevas disposiciones, nuevas reglas de competencia política o reglas del juego.
Por el otro lado es importante empezar a construir un ámbito más de cultura democrática, es decir, reconocernos los resultados de las urnas, irnos a condiciones de competencia política en la cual no sea necesario recurrir tanto al proceso electoral y que finalmente aceptemos el resultado del que ganó y que se ponga a hacer su sistema de gobierno, y el que perdió busque una nueva oportunidad de hacer una oposición responsable.
¿Qué estados son los que tienen más incidencias, que tengan, digamos más vulnerabilidad?
—Históricamente los estados de la República que presentan mayores denuncias son Veracruz, Estado de México, Chiapas y Oaxaca.
Hasta este momento, a días de la elección, ¿cuáles son los delitos que más les han reportado?
—Bueno, históricamente los delitos que más se denuncian son por alterar el domicilio electoral, por obtener credencial para votar con documentación falsa, de ahí viene el tema de la compra y coacción de voto; condicionamiento de programas sociales, retiro de credencial de elector y el día de la jornada electoral lo que más se reporta son incidencias que pretenden que el ciudadano no pueda llegar a la urna.
¿Qué opinión le merece la violencia política y los crímenes contra candidatos?
—Nosotros desde el inicio de este año hemos manifestado que rechazamos públicamente la violencia.
¿Cree que este fenómeno de la violencia política pueda empañar la elección?
—Afectan mucho al proceso, deberemos tener mecanismos de compensación ¿Qué es eso? Quien no haya podido votar el 1 de julio, que lo haga en libertad, que lo haga en un momento dado de manera responsable y en caso de que aprecie un delito electoral, reiteramos, lo pueda denunciar.
¿Qué le preocupa en este momento, rumbo al 1 de julio?
—Lo que les podría decir es que el proceso electoral está bien organizado, lo que me podría preocupar es que algún ciudadano no tenga confianza del resultado de las urnas; esta es, en un momento dado, una responsabilidad de varios ámbitos y competencia de instituciones públicas, pero es importante mandar el mensaje: que tengan confianza, que tengan certeza.
El sistema electoral mexicano está diseñado de una forma tal que realmente puede dar resultados efectivos del número de personas que van a votar.
¿Usted cree que la sociedad mexicana está lista para dar ese cheque en blanco a las instituciones?
—Hay que darle el cheque en blanco a las instituciones, se ha trabajado mucho, prácticamente tenemos 30 años de organizar elecciones.
¿No habrá duda de que no habrá fraude el 1 de julio?
—Sí, ¿quiere, digamos, mis palabras? No hay forma que exista un fraude electoral el 1 de julio.
En cuanto a la guerra sucia, ¿qué opinión le merece?
—Creo que tenemos que hacer un esquema de nuevos mecanismos para evitar que estas campañas sucias, estas campañas negras, que dañan la seriedad y, sobre todo, el compromiso democrático sean un referente para que el ciudadano pueda ejercer el voto en favor o en contra de algún partido político o candidato.
¿Cómo va la investigación del caso Odebrecht?
—Esa es una investigación que sigue en marcha, estamos pendientes de las asistencias jurídicas internacionales. En síntesis, es la información que pide la fiscalía a otros países para que nos informen sobre ese tipo de recursos, ese tipo de flujos. Estamos haciendo una investigación muy seria, muy minuciosa por el ámbito, digamos, de la importancia, de la relevancia. Nosotros como institución de procuración de justicia penal tenemos que cumplir con los protocolos que se establecen y, en caso de que existan los elementos constitutivos del delito, haremos la consignación correspondiente.
Entonces sigue abierta y se sigue investigando...
— Sigue abierta y se sigue trabajando en ella.
¿No se le da carpetazo?
—Por supuesto que no, el darle carpetazo en un ámbito en el cual nosotros como responsables de la institución, tendríamos algún tipo de responsabilidad.
Es un expediente muy delicado...
—Es un expediente delicado, por eso estamos haciendo la investigación de manera muy minuciosa.
¿Habrá resultados pronto o qué temporalidad tienen para ya cerrarlo, concluir, una conclusión y cerrar el expediente?
—No hay una temporalidad prácticamente definida. Mucho vamos a depender del envío que nos den otros países sobre la información que estamos solicitando.
¿Usted calcula que pueda ser este mismo año cuando se pueda hacer ese cierre?
—No quiero hacer juicios de valor, lo que sí le puedo decir es que estamos trabajando con la celeridad que el ciudadano nos ha demandado en este tema.
