politica@eluniversal.com.mx
La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que Morena incurrió en un esquema de financiamiento paralelo con la operación del fideicomiso Por los Demás, creado para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre y del que salieron 64 millones de pesos para dirigentes y candidatos de ese partido.
El proyecto de resolución avalado por la comisión por unanimidad de sus integrantes concluyó que Morena omitió reportar ingresos, rebasó el límite de aportaciones en efectivo, recibió aportaciones de personas desconocidas y de entes prohibidos mediante el fideicomiso, mismo que no fue reportado al INE, por lo que también incurrió en un “fraude a la ley”.
Esas faltas son de gravedad especial, por lo que se propondrá al Consejo General del INE en su sesión del 18 de julio una sanción por 197 millones de pesos. Empero, no se acreditó que el monto del dinero haya parado a las campañas y se desconoce el fin que tuvieron 64.4 millones de pesos.
“Esto es como el Pemexgate: cuando vuelves efectivo el dinero, pues no hay rastro”, reconoció el consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama.
De acuerdo con la investigación del caso, en septiembre de 2017 el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, propuso al Consejo Nacional de su partido la creación del fideicomiso, y se acordó que personalidades cercanas a ese partido fungieran como parte del comité técnico que lo administra. Además, tanto los fideicomitentes como los fideicomisarios están vinculados con ese partido, pues son legisladores o parte de la nómina, con lo cual se acreditó el vínculo entre el instituto político y el fideicomiso.
Este instrumento financiero juntó 78 millones de pesos de recursos privados, de los cuales 44 fueron depósitos en efectivo, a razón de 50 mil pesos cada uno, y en transacciones “en carrusel”, puesto que los mismos aportantes se formaron una y otra vez hasta inyectar millones de pesos en cuestión de minutos, un modus operandi que revela, según la investigación, un “modo de operación sistemático en el depósito, pues se destaca la existencia de una mínima diferencia de segundos entre cada uno de los depósitos”.
“Se trata de financiamiento de origen privado, en parte de origen desconocido y en parte de personas morales, por tanto es ilegal”, explicó Murayama.
“Los partidos pueden crear fideicomisos, pero los tienen que enterar a esta autoridad y para otros fines. Entregar recursos a los damnificados, si bien puede ser una tarea encomiable, lo tienen prohibido los partidos porque puede volverse una dádiva”, dijo.