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alberto.morales@eluniversal.com.mx
De 2012 a 2017 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR ha detectado que del total de las investigaciones abiertas, 83% están relacionadas con el delito de la alteración del Registro Federal de Electores, seguido por la compra de votos y el desvío de recursos para favorecer la elección de candidatos.
En este contexto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó a la PGR dar a conocer el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en el año 2012 por el uso de documentos falsos, que le habría correspondido expedir al IFE, ahora Instituto Nacional Electoral (INE).
Un particular solicitó que se le proporcionara cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación se iniciaron en 2012 por documentos falsificados que le hubieren correspondido expedir al IFE.
En respuesta, el sujeto obligado dijo que no cuenta con la información con el nivel de detalle solicitado; sin embargo, remitió datos estadísticos relativos al total de las indagatorias iniciadas con motivo de las denuncias por delito de falsificación de documentación, presentadas por el IFE y el INE ante el sujeto obligado entre enero de 2012 a julio de 2017.
Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai.
La ponencia de la comisionada Ximena Puente expresó que la respuesta no correspondía a la información requerida, pues la particular no distinguió entre el ente público o persona que presentó la denuncia, sino que sólo indicó que la comisión del ilícito estuviera relacionada con la expedición de aquellos documentos que expidió al IFE en el año 2012. El Inai explicó que la PGR omitió turnar la solicitud a varias dependencias y no dio cabal cumplimiento al procedimiento de búsqueda de la información.
