La Paz, BCS.,5 de abril.- Los titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Gobierno del estado, Héctor Díaz Santana Castaños y Carlos Mendoza Davis, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración para prevenir delitos electorales y promover la participación ciudadana, de cara las elecciones del 1 de julio.
En la sala de gobernadores, en el Palacio de Gobierno, el titular de la FEPADE señaló que este convenio es para trabajar de forma coordinada en la prevención de estos delitos , en información a los servidores públicos y la sensibilización durante la campaña electoral.
Este convenio –dijo- es muestra de la responsabilidad compartida y de que trabajarán para que se desarrolle un proceso electoral “limpio y transparente en donde dominen la paz social y la participación de los ciudadanos”.
Como parte de este blindaje electoral, el Gobierno estatal se compromete a que en el periodo de la elección operará la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales en la Procuraduría General de Justicia de BCS, para que cuenten así con las instancias especializadas para atender las denuncias sobre presuntos delitos.
“Para nosotros es muy importante que se dé muy bien este proceso para poder continuar trabajando de manera adecuada y en un espacio de tranquilidad, de coordinación, de buena comunicación. Existe disposición para lograr la mejor coordinación para capacitar a los servidores públicos sobre lo que pueden y no pueden hacer. Que podamos ir caminando y reportarle a México y a Baja California Sur buenas cuentas, y que el proceso electoral sea ejemplar”, sostuvo el gobernador.
Capacitan a delegados
Enseguida de la firma, el titular de la FEPADE dio una capacitación a delegados federales, en una reunión plenaria, en donde reiteró los tipos de delitos electorales y las sanciones, entre estos, señaló que tienen expresamente prohibido “condicionar la prestación de programas gubernamentales, al compromiso de votar a favor de un candidato”.
Se prohíbe también que soliciten a sus subordinados aportaciones de dinero para apoyar a un candidato, y que se utilicen de manera ilegal fondos en favor de un candidato, entre otros delitos.
Las sanciones establecidas en la Ley General en materia de Delitos Electorales van de los 200 a los 400 días de multa, y prisión de dos a nueve años.
Ricardo Millán Bueno, delegado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en BCS señaló que existe el compromiso de todas las delegaciones de abonarle a que el proceso electoral y las elecciones sean “ejemplares, democráticas y transparentes”.
“Que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos electorales en la mayor libertad posible. En eso estamos sumados y comprometidos”, aseguró.