Guanajuato, Guanajuato.- Instructores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ofrecerán cursos y coordinarán prácticas interinstitucionales en materia de delitos electorales a las autoridades responsables de actuar en la comisión de los ilícitos que se pudieran presentar en el proceso electoral 2018.
En una reunión de trabajo, el Grupo de Coordinación Guanajuato (GCG) , estableció que a partir de esta fecha sesionará semanalmente y mantendrá actualizada la información estratégica relacionada a la aplicación del protocolo de seguridad para la jornada electoral.
Se acordó que la Fepade se encargará de llevar a cabo cursos de preparación y capacitación sobre delitos que se pudieran cometer en materia electoral a fin de prevenirlos.
En ese contexto se hará la simulación de denuncias de delitos en flagrancia para asegurar la pronta y eficaz reacción de la autoridad. Al respecto, el GCG determinó la realización del “Pre Despliegue 2018 en Guanajuato” el próximo 11 de mayo.
Durante la sesión, el Grupo de Coordinación Guanajuato también avaló las modificaciones al Código Penal del Estado de Guanajuato aprobadas ayer en el Congreso Local que sanciona hasta con 60 años de prisión el homicidio de policías, jueces, agentes investigadores y demás servidores públicos de seguridad pública o de sus parientes.
Consideró que con esos instrumentos legales se protege a los servidores públicos que desempeñan funciones de seguridad pública, investigación de delitos, procuración o administración de justicia y ejecución de penas.
Por separado, la diputada Libia Dennise García Muñoz , señaló que la reforma penal que incrementa las penas contra quienes atenten contra la vida de policías estatales o municipales, ministeriales y jueces penales es un mensaje claro y contundente de que como sociedad no toleraremos a quienes usan la violencia como instrumento para sostener redes delictivas.
“La norma del artículo 141-a respalda a los hombres y mujeres encargados de la seguridad y de la administración pública”, enfatizó García Muñoz
“Se busca que a quienes, en represalia por el trabajo de un servidor público en materia de seguridad pública y administración de justicia, lo asesinen a él o a sus parientes más cercanos, se les aplique la pena máxima que puede imponer el Estado de hasta 60 años de prisión, con un mínimo de 30 años; con ello también se protegerá a sus cónyuges y familias hasta el cuarto grado”, concluyó la diputada.
agv