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Toluca, Méx.— El titular de la Contraloría del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, informó que tienen conocimiento de aproximadamente 10 quejas contra alcaldes con licencia que buscan reelegirse, por presuntamente desviar recursos a través del área de Desarrollo Social, aunque no fueron formalizadas ante esta instancia.
Reconoció que las denuncias fueron llamadas anónimas y que orientaron a las personas para que acudan a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) estatal o federal, “porque la gente lo que nos comenta es que los funcionarios municipales con licencia están entregando tinacos y despensas mientras el candidato hace campaña, es decir, el presidente municipal con licencia hace un recorrido y detrás de ellos los directivos de áreas. Por ejemplo, los encargados de Desarrollo Social, quienes advierten a la gente que si no hay apoyo para el candidato, desaparecerán los programas a los que tienen acceso”.
Indicó que el argumento para no acudir a las instancias correspondientes y formalizar la denuncia es el temor a represalias, porque les preocupa que les retiren los apoyos o programas, por tanto, la Contraloría les brinda la opción de denunciar de forma anónima, aunque no es la instancia facultada para emprender una investigación formal.
Reconoció que en su mayoría los acusados son funcionarios que laboran en el área de Desarrollo Social y rechazó que tenga conocimiento de municipios en los que estén obligando a los trabajadores a asistir o apoyar alguna campaña o candidato.
Barrios Dávalos explicó que entre las denuncias fueron señalados los presidentes municipales con licencia José Luis Robles, de Rayón; Francisco Garduño, de Tenango del Valle; Ana Celia Peralta, de Tonatico; Marisol González, de Jiquipilco; Alma Delia Pallares, de Joquicingo.
El contralor afirmó que de comprobar que dichos candidatos y funcionarios con licencia están violando la ley, sería catalogado como desvío de recursos, por lo que mandarían a llamar a los alcaldes con licencia para explicar sobre el destino de los programas señalados.
“La denuncia que nosotros perseguiríamos sería por desvío de recursos y, que yo recuerde hasta el momento, no hay denuncias contra diputados, sólo por alcaldes que van por una segunda vuelta. Van a ver ustedes en estos días muchas denuncias de este tipo pero anónimas aquí [en la Contraloría], pero cuando acudan a la Fiscalía, sí es necesario que den sus datos porque de otra forma ¿a quién notifican el resultado de una investigación?”, dijo.
Agregó que no hay denuncias sobre que los candidatos obliguen a personal de sus ayuntamientos para apoyarlos en campañas fuera o dentro de los horarios laborales, excepto un regidor que solicitó a la Contraloría la lista de personas que pidieron licencia en una administración local, porque observaron que cierto personal trabaja dentro del ayuntamiento y por la tarde se van a la campaña.
“Sí pueden ir los trabajadores, aunque nunca se deja de ser servidor público porque si hay que atender un problema de agua o luz, entonces deben atenderlo. El riesgo con la reelección es no sólo que los alcaldes no se separen del todo de sus responsabilidades en el ayuntamiento, sino que en ningún momento deja de recibir los apoyos que como autoridad puede ordenar, porque siguen pensando que su suplente es sólo de relleno, no el verdadero encargado de la administración”, expresó.
Agregó que el peligro es que los trabajadores de los municipios resientan como abuso de autoridad la obligación de asistir a las actividades.
“Esos son los primeros problemas, por ejemplo, no me parece muy acertada la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los presidentes municipales deben separarse del cargo sólo cuando ya van a ir a campaña, cuando la legislación electoral estatal dice que deben separarse de sus cargos públicos 90 días antes”, apuntó.
