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Los crímenes contra aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos están lejos de resolverse por la debilidad del Estado de derecho en el país, afirmó el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Durante la presentación del informe anual de actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó que el incumplimiento o aplicación discrecional de la ley deriva en que las autoridades han sido rebasadas.
“La gravedad y extensión de los problemas que enfrentamos incide en que tengamos un Estado de derecho débil, con una amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley, que generan un contexto en el que algunas instituciones y las autoridades han sido rebasadas”, afirmó.
González Pérez añadió: “El proceso electoral no ha estado exento de violencia e impunidad, como lo ha evidenciado la serie de homicidios perpetrados en contra de aspirantes a cargos de elección popular o miembros de institutos políticos, que en su gran mayoría están lejos de resolverse, así como la violencia y amenazas que se ejercen y expresan a través de las redes sociales”.
Durante la sesión solemne realizada por el tribunal, dijo que la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad se han extendido “como plagas en casi todos los ámbitos de la vida nacional”.
Durante 2017, agregó, la CNDH detectó 34 reformas legislativas, principalmente de nivel local, que vulneraban derechos humanos y que fueron impugnadas mediante acciones de inconstitucionalidad, de las cuales 25 están en trámite y nueve ya fueron resueltas.
“Entre diciembre de 2014 y 2017, la CNDH ha promovido 94 acciones de este tipo, con lo cual se ha superado casi 300% el total de acciones que se habían intentado desde 2006, año en el que se le concedió esa atribución”, agregó.
El ómbudsman aseguró que las leyes impugnadas violentaban principalmente el derecho a la identidad de las personas; establecían regulaciones indebidas en los delitos de desaparición forzada; tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la libertad de expresión, y los límites de la prisión preventiva oficiosa, entre otros.
Al finalizar su participación, precisó que el mensaje está dirigido a todos los actores políticos, candidatos y sectores en busca de reforzar el debate que deriva del actual proceso electoral, confrontar las ideas y no a las personas.
“A nadie ayuda que haya divisiones; que se confronten a partir de ideas en las que prevalezcan este tipo de calificaciones”, agregó.
En el acto estuvieron presentes los integrantes del pleno de la Corte; la senadora Angélica de la Peña, titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado; el panista, Diego Fernández de Cevallos; la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, y los visitadores que integran la CNDH.
De acuerdo con los datos reportados por el ómbudsman nacional, durante 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendió a 218 mil 695 personas y en total desde 2012 ha atendido a poco más de 1 millón 257 mil personas.