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Durante los próximos seis meses y medio, los mexicanos van a ser testigos de 59.7 millones de spots protagonizados por partidos, precandidatos, candidatos y autoridades electorales que invadirán pantallas de televisión y ondas radiales. Ese alud de promocionales representan 304 mil al día, a difundirse desde las seis de la mañana a la medianoche en 3 mil 111 concesionarias de radio y televisión.
Cada emisora va a transmitir los mensajes diarios relativos tanto a la elección federal como a los 30 comicios locales.
El bombardeo de mensajes, pero sobre todo su contenido, en su mayoría superficial o de “campañas negras”, hace a los expertos considerar que a 10 años de vigencia del modelo de comunicación política, es tiempo de revisarlo, lo que va a ser deseable luego del proceso electoral de 2018.
Ese modelo, resultado de la reforma electoral de 2007, consiste en la prohibición para que terceros compren promos políticos de radio y televisión. Los mensajes de este tipo —48 minutos diarios en proceso electoral— son con cargo a los tiempos del Estado y su distribución es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque la gratuidad debe mantenerse para no encarecer más las campañas, los expertos e incluso los partidos que impulsaron ese esquema reconocen que debe perfeccionarse.
No sólo por el volumen y dudosa eficacia de esos promocionales para un debate informado, sino incluso por la caída de las audiencias de radio y televisión. Además, existen otros fenómenos paralelos: mercado negro de propaganda política en medios electrónicos e incremento de la litigiosidad, pues han dado pie a la proliferación de quejas y denuncias.
Todos los partidos —salvo PRI y PVEM— promovieron ante el INE dar reversa a la spotización con medidas posibles sin cambiar la ley, pero autoridad y concesionarios argumentaron su imposibilidad por dificultades técnicas y falta de tiempo.
La propuesta era compactar los spots de 30 segundos para difundir menos mensajes, pero más largos. Además, dar más velocidad para subirlos o bajarlos del aire —como ocurre con promos comerciales, según la coyuntura—, lo que permitiría una especie de “debate” vía promocionales. Ninguna prosperó.
Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), sostiene que aunque los promos no sean pagados por los partidos, sí son un costo económico para el Estado, además de un desperdicio de tiempo-aire.
“Los votantes jóvenes no ven televisión tradicional y ese volumen de spots no llega a un segmento cada vez más grande del electorado. Es decir, este modelo de comunicación es cada vez menos relevante”, expone.
Aun así se pronuncia porque sigan siendo gratuitos, “pero el volumen y el mecanismo de asignación debe modificarse”.
El también director de la consultora Integralia propone un mecanismo de subasta, en el que mediante un paquete de vouchers (de tiempo-aire) asignados a los partidos, éstos los pueden usar en los segmentos que quieran. “También debería haber franjas informativas en lugar de tantos spots”, plantea.
El politólogo y especialista en materia electoral de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Pablo Javier Becerra Acosta, admite el agotamiento del modelo y la necesidad de reformarlo, pero sin olvidar su origen, para no cometer errores.
“Fue consecuencia de lo que pasó en las elecciones de 2006, en las que hubo una verdadera guerra de spots, pero pagados, y los partidos contrataban cada uno por su lado y los concesionarios de radio y televisión eran los beneficiarios. Incluso se vendían más caros a unos o se les vendían más caros a los opositores. Por eso se estableció, por las quejas del candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador”, recuerda Becerra Acosta.
El financiamiento de los partidos se iba en compra de spots, así que al sacarlos del mercado hubo una reacción fuerte de las empresas. “Hoy vemos que sí fue necesario, pero que no tanto”.
El error fue establecer que debían ser 48 minutos diarios, distribuidos entre autoridades electorales y partidos, según la etapa del proceso electoral, y en spots de 30 segundos, “por eso son millones y llegan a hartar”.
Becerra propone compactación de tiempos o sustituirlos por debates cuya transmisión sea obligatoria, “para que el ciudadano se informe y no esté atosigado por la lluvia de spots”.
El pasado 14 de diciembre arrancaron los actos de precampaña rumbo a la Presidencia de la República a elegirse en 2018, con ausencia de lineamientos de “cancha pareja”, reglas sobre propaganda gubernamental y difusión de programas sociales, ambos revocados por decisión jurisdiccional.
En realidad inició la contienda adelantada, pues tres aspirantes que buscarán posicionarse entre sus militantes en procesos internos de selección ya están perfilados para la candidatura a la Presidencia.
Andrés Manuel López Obrador, por la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES); José Antonio Meade, por PRI-PVEM, y Ricardo Anaya Cortés por la coalición Por México al Frente, que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Además, los candidatos independientes continúan reuniendo las firmas para cumplir con ese requisito que establece el órgano electoral.
En los próximos 60 días de precampaña presidencial, hasta el 11 de febrero, los aspirantes a la candidatura podrán erogar máximo 67 millones 222 mil pesos.
A los precandidatos les está permitido realizar recorridos, participar en eventos públicos o con sus militantes o simpatizantes, erogar en propaganda impresa, fija o en internet.
Solamente tienen expresamente prohibida la compra de tiempos en radio y televisión, recibir recursos de origen no permitido (personas morales o de origen ilícito) o hacer llamados para pedir el voto.
Hasta antes de este año los precandidatos únicos también tenían prohibida la aparición en spots, pues al no haber contrincante no había razón para promoverse.
Sin embargo, en abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el criterio para permitir esa aparición “siempre y cuando no se dirijan al electorado llamando por el voto”. Ante ello en sus spots han colocado la leyenda precandidato o dirigido a militantes.
