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Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE, afirmó que la práctica más común, tres días antes y el día de la jornada electoral, es recoger la credencial de elector con el objetivo no de buscar votos para un partido, sino quitarle votos al opositor. Se llegan a ofrecer de 500 a mil pesos por la compra de la identificación, dijo.
“Necesitamos estrategias de revisión respecto al combate a este tipo de prácticas, […] México tiene 6 mil 491 programas sociales, 155 son estatales pero fondeados a partir de recursos federales, no tienen padrón de beneficiarios ni reglas de operación, y eso genera el condicionamiento”, expresó al participar en foro Sistema Electoral y Mecanismos de Control de Recursos Ilícitos en los Procesos Electorales en la Cámara de Diputados.
Analistas y autoridades electorales exhortaron a crear nuevas formas de hacer campaña, en vistas de que la legislación que regulará el artículo 134 constitucional, puede provocar que la Ley de General de Comunicación Social pueda llegar a quedarse corta en cuanto a la fiscalización de recursos.
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, aseguró que pese a que no se cuenta aún con la legislación al respecto, el instituto está por emitir sus propias medidas.
“Son restricciones específicas a la forma en que se distribuyen los beneficios de los programas sociales, [en el sentido de] que no pueden ser en actos multitudinarios, también la actuación de los servidores de alto nivel”.
Hizo una invitación al Congreso para fijar criterios específicos que puedan homologar el establecimiento de los topes en los gastos de campaña, ya que se han dado casos en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha tenido que dar una resolución sin trabajar en todas las quejas presentadas.
Baños Martínez informó que en 2015, el INE resolvió 375 quejas de fiscalización a candidatos por mal uso de recursos públicos; 108 en 2016, y anotó que para este año se espera sean presentadas 600.
Héctor Marcos Díaz-Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), indicó que el órgano que preside trabaja en materia de prevención y de procuración de justicia ante el posible delito de compra del voto.
El diputado Juan Romero Tenorio (Morena), presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Ilícitos en Procesos Electorales, afirmó que en la Cámara de Diputados “sólo se está trabajando en la Ley de Publicidad Gubernamental, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha hecho presión para su resolución”.
Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, destacó la poca eficacia que ha tenido la creación de organismos autónomos que vigilan a otros organismos autónomos, tal como lo prevé la Ley de Publicidad Gubernamental.
“Es una de nuestras preocupaciones, crear otro [organismo] y que tampoco funcione, hay que perfeccionar a la ASF, la Secretaría de la Controlaría, los tribunales”, señaló.
La experta en materia electoral, Ana Sainz, lamentó que la regulación de recursos para la propaganda deje al país con el mismo problema, y vio necesario “repensar la manera de hacer campaña”.
