El pasado 13 de diciembre, el Senado aprobó las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. La iniciativa fue turnada a San Lázaro para su aprobación; aunque se esperaba que fuera discutida y votada en un periodo extraordinario, Ricardo Monreal adelantó este 16 de diciembre que hay probabilidades de que eso ya no suceda.
Los cambios sientan las bases para que el Infonavit pueda construir vivienda y ofrecer esquemas de arrendamiento, pero también introdujo polémicos cambios en la organización interna del instituto, los cuales han generado reclamos de especialistas. Además, legisladores de oposición acusan que la reforma también abre la puerta para que el gobierno use los ahorros de trabajadores de manera discrecional. Te contamos las claves detrás de esta iniciativa.
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El Infonavit volverá a construir vivienda
La reforma pretende dotar al Infonavit de facultades para que participe, en conjunto con actores públicos, privados y sociales, en la construcción de vivienda. Para este propósito, el Instituto contará con una empresa filial que no será considerada una entidad paraestatal y que gozará de plena capacidad de gestión para el ejercicio de sus funciones en términos del derecho privado.
El cambio representa un primer paso para cumplir con uno de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante este sexenio: la construcción de un millón de viviendas. Además, devuelve al Infonavit un papel activo en la construcción de vivienda, una facultad que tenía desde su fundación en 1972, pero que dejó de lado en la década de los 90’s para enfocarse en el otorgamiento de créditos.
¿De dónde saldrá el recurso para construir?
Uno de los temas que ha generado más controversia de esta nueva reforma es el origen de los recursos para que el Infonavit y su empresa filial puedan construir vivienda. El dictamen de la iniciativa indica que la fuente de financiamiento para la construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda deriva directamente de cualquier recurso bajo administración del Infonavit.
Estos recursos incluyen el patrimonio del Instituto, proveniente en buena parte del gobierno federal, pero también comprenden los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que concentra las aportaciones recibidas de los patrones, equivalentes al 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio.
La ley indica que estas aportaciones no son patrimonio del Infonavit, sino de los trabajadores. No obstante, el dictamen señal que el Instituto podrá utilizar los rendimientos del Fondo Nacional de Vivienda una vez descontados los intereses que deban recibir las subcuentas de vivienda y previo acuerdo del Consejo de Administración.
Senadores de oposición acusan que estos cambios pretenden despojar a los trabajadores de sus ahorros en sus subcuentas de vivienda. “Los trabajadores de México no merecen que sus ahorros se conviertan en la próxima ‘caja chica’ de este gobierno”, señaló la senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano, durante la sesión en la Cámara Alta en la que fue aprobada la reforma. De acuerdo a los legisladores panistas, la suma del ahorro de trabajadores del país en sus subcuentas supera los 2 billones de pesos.
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Rentas no mayores al 30% del salario
Los cambios a la ley también permitirían al Infonavit ofrecer un esquema de arrendamiento en las viviendas construidas por el instituto. La renta no podría exceder el 30% del salario de la persona trabajadora y habría opción de comprar la vivienda, siempre y cuando se cuente con el suficiente ahorro en la subcuenta.
Fortalecen mano del gobierno en el Infonavit
La reforma también busca “fortalecer la representación del Gobierno de México” en el Infonavit, por lo que plantea una reestructuración interna. Los órganos encargados de tomar decisiones en el instituto están integrados de manera tripartita, con representantes del gobierno, del sector empresarial y de trabajadores. Sin embargo, el dictamen ahora le da más peso al gobierno federal.
Por ejemplo, la Comisión de Vigilancia, actualmente conformada por nueve integrantes (tres de cada sector), ahora tendría cinco representantes del gobierno, dos de los empresarios y un par más de los trabajadores. El Comité de Transparencia, pasaría de tres integrantes (uno por sector) a cinco integrantes; tres del gobierno, uno de los empresarios y uno más de los trabajadores. El mismo esquema aplicaría para el Comité de Auditoría.
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Además, se plantea modificar el artículo 6 de la Ley del Infonavit para desaparecer las direcciones sectoriales del sector laboral y empresarial. Por otro lado, la Asamblea General se reduciría de 45 a 30 miembros, mientras que el Consejo de Administración pasaría de 15 a 12 integrantes. Otro cambio significativo es la manera en la que se designaría al director general del Infonavit, pues ya no sería una decisión de la Asamblea General, sino de la persona que ocupe la presidencia del país.
Estas modificaciones han generado el reclamo de especialistas y opositores, quienes acusan la desaparición de contrapesos y controles para, en su lugar, dar mayor poder al actual director general, Octavio Romero Oropeza. “El director general del Infonavit ya no será designado por la Asamblea, sino directamente por la presidenta y la Dirección General tendrá el derecho de veto por si acaso alguno de estos comités de vigilancia se le saliera del huacal”, acusó la senadora panista Gina Gerardina Campuzano.
¿Qué sigue?
La tarde de este 16 de diciembre la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados aprobará la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Ley Federal del Trabajo.
Hasta el día de ayer, se esperaba que la reforma fuera discutida y aprobada en el pleno de la cámara baja en un periodo extraordinario antes de que acabara el año. Sin embargo, Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, adelantó en conferencia de prensa que ”es probable que no haya periodo extraordinario".
