En México, la obesidad de los adultos aumentó 3.8 millones entre 2012 y 2016, al pasar de 20.5 a 24.3 millones de personas, con lo que el país ocupa el sexto lugar de 150 países en el mundo. La noticia fue dada a conocer esta semana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ese anuncio contrasta con el hecho de que desde enero de 2014 el consumidor mexicano paga un impuesto de un peso por cada litro de bebida azucarada ( refrescos , jugos de fruta, jarabes, etc), una medida que, se argumentó, tenía el objetivo de combatir el sobrepeso y la obesidad en nuestro país.

Decía en 2013 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): “De acuerdo con un modelo matemático diseñado para predecir cómo se reduciría el peso de la población mexicana después de un impuesto usando datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012 y las elasticidades precio de la demanda de refresco mencionadas, con un impuesto del 10%, podría lograrse una reducción en la prevalencia de sobrepeso y obesidad del 1% en un periodo de 10 años”.

Han pasado 4 de esos 10 años y el efecto sobre el peso de la población mexicana más bien ha ido en sentido contrario, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas hasta 2016. Esto, a pesar de que en el mismo periodo de tiempo sí bajó el consumo de bebidas azucaradas, según reportó el propio INSP en febrero de 2017.

Así lo advertían los empresarios de la industria antes de que el impuesto fuera aprobado: “No hay evidencia internacional que haya comprobado la eficacia de un impuesto en el combate a la obesidad, e, incluso, en Maine, Estados Unidos, y Dinamarca, ya hubo impuestos similares que fueron derogados porque no modificaron patrones de conducta alimentaria y en cambio sí generaron efectos económicos colaterales”.

La Cámara de Diputados definirá en próximas semanas cuáles serán los impuestos que se pagarán en 2019; los defensores del gravamen actual pugnan porque éste aumente a 20%, pero los industriales argumentan que lo único que se ha logrado hasta ahora es que los precios aumenten y la salud de los mexicanos no mejore, por lo que piden buscar una implementación de políticas públicas integrales, para combatir esta problemática.

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