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Toluca, Méx.- Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) informó que los presidentes de los Tribunales de Justicia estatales acordaron presentar un posicionamiento basado en cinco puntos fundamentales, destaca autonomía presupuestal y la independencia para trabajar en cada entidad federativa.
Durante la inauguración del segundo Congreso Internacional “La Administración de los Tribunales de Justicia”, el magistrado cuestionó la finalidad de la reforma judicial impulsada por la federación, si se trata de fortalecer la tutela de los derechos humanos o buscan someter a los jueces a un control jurisdiccional abusivo y arbitrario.
Afirmó que los Poderes Judiciales estarán en el centro de atención en los próximos días, al iniciar el debate de la reforma judicial. Si bien, aseguró que es necesaria una reforma judicial que corrija todos los problemas estructurales que se presentan en el ejercicio del derecho, en la práctica profesional, en la administración de los Tribunales, en la procuración de justicia, lamentó que se plantea actualmente de forma orgánica.
“Eso es lo que debemos de tener en el centro de toda la reforma, los problemas que tenemos, por ejemplo, con el amparo directo. No queremos seguir teniendo esos problemas, tenemos que darle más autonomía a los entidades federativas, queremos una justicia centralizada como el modelo español, entonces esos son los temas que debemos de discutir y posicionar para que las autoridades federales tomen en cuenta”, apuntó.
Expresó algunos de los puntos convenidos entre los titulares de los tribunales, el más importante, la autonomía presupuestal de los poderes judiciales, una reforma al artículo 116 que garantice la suficiencia y autonomía presupuestal para todas las entidades federativas.
También la creación de un Fondo Nacional para la administración de la justicia local, una propuesta que también partió del Poder judicial del Estado de México para crear en el Ramo 33 un apartado especial para dotar de recursos suficientes a los Tribunales Superiores de Justicia, quienes enfrentan la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tarea que requiere personal, capacitación, equipo, adquisición de tecnología y hasta el momento “simplemente no hemos contado con los recursos sociales, porque además no hay recursos que alcancen”.
Subrayó que el objetivo de los tribunales es hacerlo bien, estar a la altura del desafío, al menos en el Estado de México se encuentran preparados y listos, porque supieron administrar bien los recursos y darle el destino adecuado.
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En la propuesta se encuentra la implementación de la carrera judicial como eje central para acceder a los puestos de jueces y magistrados, no en el ámbito federal, sino únicamente local, de tal manera que con legitimidad, transparencia, seriedad, puedan contar con los mejores cuadros de abogadas y abogados que se eligen a la Judicatura.
Además, la autonomía e independencia de los Tribunales de Justicia, pues no se debe de fijar desde el centro cómo se organicen cada uno, cada estado debe decidir de forma autónoma cómo estructurar sus tribunales, que ya no sea desde el 116 que les impongan un modelo común para todos los estados, porque todos son distintos.
“Hemos demostrado que hay diferencias, inclusive en la implementación del sistema de Justicia laboral, todos vamos a diferentes velocidades, tenemos diferentes necesidades, no podemos unificar o uniformar, sino cada estado debe decidir hacia dónde quiere ir”, subrayó.
LL
