Toluca, Méx.— Sentenciado a 43 años de prisión e internado en el penal de Otumba, su caso lo ha revisado la ONU, pues sus familiares acreditaron que su detención fue violenta, también que la tortura fue “brutal”, expresó su esposa Jova Páez Hernández.
Tomás se dedicaba a la albañilería, es oriundo de Llano Grande Azcapotzaltongo, municipio de Nicolás Romero, es indígena y fue aprehendido luego de emprender un movimiento para defender su tierra y los derechos de sus vecinos, acusado de asesinar a un agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Fue detenido en junio de 2022 por policías estatales que lo golpearon al grado de dejarlo sordo. Sus familiares aseguraron que el delito del que se le acusa no lo cometió, pues han comprobado que no estaba en el lugar ni en el momento en que fue cometido.
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La detención es “delicada”, argumentaron algunos de sus defensores, pues era líder de una comunidad indígena que luchaba por sus derechos y luego de que en 2020 la comunidad se enfrentó con elementos de investigación con palos y piedras para defender a una familia contra la que abusaban los policías de investigación.
En esa riña murió un agente de la FGJEM a golpes, pero no hubo un certificado médico que constatase la causa de muerte, y durante el juicio contra Tomás afirmaron haber hallado una bala con la que fue ultimado el agente, misma que nunca se presentó como elemento de prueba y el debate es la causa de muerte, pues dicen que el albañil empleó un arma de fuego que no existe.