NAUCALPAN, Méx.- La suspensión de la construcción de dos torres que albergarían más de mil 500 viviendas en “El Cerrito”, última área verde del fraccionamiento Lomas Verdes, es un triunfo de la ciudadanía organizada y un precedente nacional para proteger el medio ambiente, afirmó el diputado Max Correa Hernández.
En 2023, el gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por la alcaldesa Angélica Moya Marín, permitió a la empresa Fortem Capital iniciar el desarrollo inmobiliario Terralago frente a la contaminada Presa Madín, zona donde escasea el agua y enfrenta uno de los más altos índices de densidad de población, señaló el legislador.
El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Estado de México resaltó “la importancia del fallo judicial ante la exigencia de los vecinos para tener acceso a la justicia, información y a un medio ambiente sano. Detalló que la promoción del amparo también fue firmado por niños y niñas vecinos del lugar”.
“La Juez Cuarto de Distrito atendió las denuncias bajo el principio jurídico in dubio pro natura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual es aplicado cuando hay coalición de derechos entre particulares y busca que prevalezca el Derecho de la Naturaleza y un ambiente sano para la población”, señaló Max Correa.
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El legislador mexiquense explicó que también el abogado promovente del amparo tuvo como argumento la Reforma Constitucional que se hizo en el Estado de México, el pasado mes de mayo, para que la Naturaleza sea sujeta de Derechos, al igual que la biodiversidad que se alberga en el ecosistema de la Presa Madín, donde habitan especies endémicas.
Recordó que no solo existe esa ley para defender el medioambiente, “también tenemos el compromiso de campaña de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que reconoce en su plataforma política a la Naturaleza como sujeto de Derechos”.
El diputado de Morena dijo estar convencido de que la sociedad seguirá haciendo, cada vez y mejor, el uso del Derecho en defensa del medio ambiente, “porque con estos principios que la SCJN utiliza para dirimir juicios, marca un precedente que el Estado Mexicano está obligado aplicar, como el Acuerdo de Escazú y la Reforma para los Derechos de la Naturaleza”.
El legislador reconoció el interés y la organización de los ciudadanos de Naucalpan y Atizapán para promover el amparo destinado a proteger la naturaleza y sus derechos a vivir en un ambiente sano, y confió en que “prevalezca la exigencia social para impedir que la mafia inmobiliaria mueva sus influencias para concluir la construcción de las torres de departamentos”.
La autorización de dicha obra “carece de legitimidad, porque aunque la alcaldesa de Naucalpan Angélica Moya fue promovente de la no construcción en El Cerrito y de ningún proyecto inmobiliario tiempo atrás, aparece una autorización de su actual gobierno municipal a la inmobiliaria, además de que en los últimos meses del sexenio del exgobernador Alfredo Del Mazo se hicieron atrocidades autorizando desarrollos inmobiliarios y cambio de uso de suelo”.
Max Correa , quien es activista social por los Derechos de la Naturaleza, hizo un llamado a la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez para brindar protección a los promoventes del amparo, “porque en México se criminaliza a los defensores de la naturaleza o se les violenta privándolos de la vida”.
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