El jefe de Gabinete y Proyectos Especiales del gobierno del Estado de México, Higinio Martínez Miranda, planteará un nuevo sistema anticorrupción en la entidad donde el Órgano Superior de Fiscalización se transforme en un Tribunal de Cuentas y el Instituto de Transparencia sea eliminado, para atender en profundidad el tema.
Explicó que con el actual sistema sólo ganan los que trabajan para el malamente llamado “sistema anticorrupción”, conformado por decenas de funcionarios.
“Estas medidas, y otras más, propiciarían una disminución importantísima de la burocracia que no sirve para nada y la transformación del Órgano Superior de Fiscalización en un Tribunal de Cuentas verdaderamente autónomo e independiente de los poderes, que ayudaría de manera seria a combatir el grave problema que existe en el Estado de México”, sostuvo Martínez.
La propuesta, adelantó, la presentará a la gobernadora Delfina Gómez y al Congreso estatal.
Recordó que el Instituto de Transparencia mexiquense (Infoem) opera con casi 70 funcionarios de alto nivel encabezados por sus cinco comisionados, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa funciona con alrededor de 70 servidores públicos más, entre magistrados y el staff de la Presidencia y Salas Regionales.
Esto, agregó, aunque en los hechos son pocos los resultados en beneficio de la población, pese a que los integrantes del órgano anticorrupción cobran sueldos altos.
“Se requiere un Tribunal de Cuentas para que todo funcionario público estatal o municipal, y por supuesto de los tres poderes, rindan cuentas estrictas del manejo de los recursos y de su actuación pública”, refirió.
“Lo mismo que el Infoem, que sólo sirve para darle trabajo a sus integrantes sin que éste sirva para generar la transparencia necesaria. Esto pasa también con el Tribunal de Justicia Administrativa, donde la mayoría de sus integrantes funcionan sólo para proteger al más poderoso y al que tenga y reparta más recursos económicos”, criticó.
Comparó además a las contralorías internas de todas las dependencias estatales o municipales, al señalar que en su mayoría sólo sirven para proteger a sus jefes, “o sea los que les dan el puesto de contralores internos”.
Por ello, el legislador aseveró que todo ello debe desaparecer o ser modificado de manera drástica, para fortalecer legalmente al Órgano Superior de Fiscalización, a fin de que asuma las funciones de transparencia y acceso a la información; de contralorías internas y sea el encargado de denunciar penal, civil o administrativamente a los funcionarios que cometan delitos o faltas de todo tipo.
Insistió en que el Tribunal de Justicia Administrativa debe desaparecer y pasar a ser una Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia. Si éste ya atiende los asuntos penales, civiles, laborales, pues que atienda los temas administrativos.
Por ello, el jefe de Gabinete y Proyectos Especiales abundó que el nuevo gobierno debe impulsar este proyecto anticorrupción y, junto con el Congreso local, iniciar las reformas necesarias para terminar con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho: “El principal problema de nuestro país es la corrupción de sus gobernantes”.
“Además de que es una obligación ética, moral y política: combatir de verdad, sin mentiras, la corrupción. El gobierno podría disponer de miles de millones de pesos para las obras y servicios públicos en lugar de que se vaya a los bolsillos de funcionarios y particulares. Estoy seguro que la maestra Delfina estará ya impulsando este tema que lastima y ofende a la sociedad mexiquense”, anotó.
