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Los familiares de los tres internos que fueron asesinados a golpes la tarde del lunes dentro del penal de Santa Martha, acusan que la agresión fue porque se negaron a pagar una extorsión que -supuestamente- le exigieron los custodios de esa cárcel; los amagaban con el argumento de que, en caso de no pagar, los llevarían a un penal federal.
Afuera del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), los deudos exigen justicia pues al argumentar que todo fue una trampa, pues de manera intencional los colocaron en un “área de castigo”, donde con suma facilidad, los otros cinco internos llegaron y los masacraron a golpes.
Claudia Angelica, esposa de Daniel Álvarez, una de las víctimas, dijo que denunciará a las autoridades del Sistema Penitenciario Capitalino al calificar el hecho como un ataque directo hacia ellos, “él se comunica conmigo como a la una de la mañana. Que tuvo un problema, que necesitaba dinero, que teníamos que vender las cosas que teníamos en una casa porque le estaba pidiendo 50 mil pesos que se iban a repartir entre dos con ahora uno de los occisos y tenían que dar 25 y 25 al día siguiente tenían que dar eso a uno de los comandantes y esa era la cantidad que le pedían y me dijo: si no doy esa cantidad me van a trasladar a un (penal) federal", dijo la mujer.
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Continuamente le pedían dinero a una de las víctimas
En este sentido, la esposa del convicto reveló que en ese penal, los custodios continuamente le pedían dinero a su marido y a los responsables de módulos cuotas o cantidades iban de los 20 mil hasta los 30 mil pesos, “lo metieron a castigo es imposible que los hayan metido a castigo a los que hoy están sin vida y ahí mismo es donde llegan, se supone que están con candados, llegan rompen los candados y no tenían como defenderse, entonces les quitan la vida", narró.
De los reclusos que fallecieron por el ataque de cinco personas, Jorge Luis García Paredes compurgaba una pena de 26.7 años de prisión por homicidio calificado y robo calificado; cumplió una pena de 3.3 años de cárcel por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Humberto Zetina Robles tenía sentencia de 27.6 años por homicidio calificado y otro proceso por el mismo delito de 31.3 años. Y, Daniel Álvarez Cervantes, o Carvente, purgaba una sentencia de 27 años por homicidio calificado y cumplió otra de 6 años, por el ilícito de robo.
El secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch informó que los tres internos fueron ultimado a golpes y no con armas.
Segun las necropsias practicadas, los tres internos asesinados en el módulo de máxima seguridad Diamante del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha murieron a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, de acuerdo con el dictamen de necropsia practicado por el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y anexado a la carpeta se investigación.
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