Toluca, Méx. La orden de aprehensión en contra del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, no es un tema político, “que estén seguros los ciudadanos que la intención de la gobernadora es la aplicación de la Ley, de acuerdo a derecho, no caer tampoco en injusticias”, afirmó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En el caso del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal quien se encuentra prófugo, la gobernadora mexiquense afirmó “que se aplique la justicia, lo que se tenga que aplicar, que se aplique conforme a derecho. No puedo comentar más por el debido proceso”.
Sin embargo, señaló, “que estén seguros los ciudadanos que la intención de la gobernadora es aplicar la Ley de acuerdo a derecho, no caer tampoco en injusticias” y tampoco se debe confundir con un tema político, apuntó Delfina Gómez.
Esto, al acudir a la toma de protesta de los integrantes del Consejo directivo 2023-2024 del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCEM), Delfina Gómez se comprometió a que el gobierno estatal será facilitador para la llegada de inversiones y para la creación de fuentes de empleo bien remuneradas.
Cabe recordar que el alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal cumplió este martes cuatro días prófugo desde que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizó un operativo la noche del viernes 24 de noviembre en torno al palacio municipal y en la residencia para tratar de detener al edil, quien no ha sido localizado.
Luego de que Viridiana Rodríguez, expresidenta del DIF de Toluca y exesposa del alcalde, denunció públicamente el 21 de noviembre, que era víctima de agresiones, amenazas, violencia familiar y que temía por su vida, por la de sus padres, hermano y familiares, que aseguró eran amenazados por Raymundo Martínez
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La Fiscalía Mexiquense pidió a las instituciones correspondientes que se emitan una Ficha Roja y una Alerta Migratoria para evitar que el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez, salga del país, pues, actualmente hay una orden de aprehensión en su contra por su intervención en un secuestro exprés y tras un operativo no fue localizado.
“Tras ejecutarse dichos cateos y no ubicar en estos lugares al investigado, desde ese momento se le considera a Raymundo “N” sustraído de la acción de la justicia con fundamento en lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Añadió que toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que este no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento, el cual será sancionado en términos de lo establecido en el artículo 149 del Código Penal vigente en la entidad, pena que se agrava hasta en una mitad en caso de que sea cometido por un servidor público.
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