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NAUCALPAN, Méx.- Felisa García y Ma Carmen Rico Ruiz dirigentes vecinales de San José Río Hondo cumplieron 50 días presas en el penal de Barrientos, por defender el paso verde de La Huerta, que fue cercado por una empresa inmobiliaria, que en represalia las acusó de extorsión y de pertenecer a la “Familia Michoacana”, señaló la abogada Patricia Canales.
“La Huerta es nuestra”, sostuvieron por meses vecinos de Río Hondo y de colonias como la Buenavista, para defender el paso vecinal histórico que une ambas comunidades y que además es zona federal, incluso externaron en diversas reuniones con autoridades de Naucalpan, como la realizada el 7 de febrero pasado, su preocupación la pérdida del corredor verde que es paso de estudiantes y que además incluye un puente peatonal que cruza el río, por la ocupación de una empresa inmobiliaria que aseguran planea construir condominios en esta zona arbolada.
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Cuando trabajadores de la empresa inmobiliaria colocaron una acerca metálica en “La Huerta” vecinos de San José Río Hondo y Buenavista acudieron a liberar el paso que históricamente ha sido un área verde y además es la calle Texcoco, que utilizan para comunicarse entre comunidades, derribando el muro metálico que les impedía el paso.
En represalia Felisa García y Carmen Rico Ruiz, quienes además de ser autoridades auxiliares vecinales, que dirigen e integran el Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San José Río Hondo, fueron detenidas y trasladadas al penal de Barrientos, acusadas del delito de extorsión y de pertenecer a la “Familia Michoacana”, en delitos fabricados para detener la lucha vecinal, lamentó la abogada Patricia Canales.}
Aseguran que son delitos fabricados
Por esta detención y por lo que aseguran son delitos fabricados en contra de las dos mujeres que son amas de casa, presidentes de otros Copacis de colonias aledañas como Buenavista y La Mancha, así como del Consejo de Cuenca del Valle de México pidieron al fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Martínez Cervantes, en un escrito fechado el 29 de julio pasado, el retiro de cargos y la libertad de sus compañeras.
El trabajo de Carmen y Felisa en defensa de las áreas verdes y en el rescate ecológico del Río Hondo, por lo que a las compañeras deben ser protegidas bajo los protocolos protección de activistas ecologistas como el “Acuerdo Escazu” y no el trato como si fueran delincuentes, aseveró Patricia Canales.
En tanto los hijos de Carmen y Felisa acuden al penal de Barrientos, donde las familias pobres se vuelven más pobres, “porque tienes que dejar de trabajar o de ir a la escuela para venir a ver a mi madre”, en un sitio donde hay que pagar casi por todo.
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