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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación defendió la labor del juez federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes Corostieta Femat, relacionado con la determinación de liberar a Fabián Osvaldo Jr. alias El Cachorro y a su padre, Fabián Solís El Fabián, líderes de La Ronda 88.
A través de un posicionamiento señalaron que en ningún momento la fiscalía capitalina comunicó al juzgador que existía un mandamiento de captura en su contra y menos que eran generadores de violencia, y precisaron que la FGJ no tiene calidad en el proceso federal en contra de los ahora liberados.
“En ningún momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que no tiene calidad de parte en el proceso penal federal que nos ocupa, comunicó al Juez Federal, de manera formal, que existía un mandamiento de captura contra alguno de los investigados, menos aún indicaron que dichos investigados fueran generadores de violencia en la Ciudad de México”, se lee en el documento.
Precisaron que al desarrollarse la audiencia de manera remota, el juez se desconectó del enlace y, “por ende, no pudo haber tenido intervención con lo acontecido posterior a su cierre, aunado a que no está dentro de sus funciones acompañar a los participantes a la salida del órgano jurisdiccional”.
Explicaron que la solicitud de audiencia inicial con detenido fue presentada en el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, y que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, por 50 minutos del pasado 5 de marzo sostuvo la audiencia inicial en contra de Los Fabianes.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación sostuvo que el juez Roberto Omar sostuvo todas sus audiencias programadas vía remota.
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Además, que la decisión de calificar de no legal la detención fue por “vicios durante la ejecución de la orden de cateo practicada en el inmueble donde fueron detenidos”, pues había inverosimilitud entre la hora de llegada de los agentes federales y la hora en que supuestamente fueron hallados los imputados, así como haber permitido que otras personas abandonara el inmueble.
“El Juez Federal no decretó la ilicitud de prueba alguna, sino que ordenó a la Fiscalía Federal realizar más actos de investigación a efecto de que las irregularidades anunciadas no trascendieran en su investigación, por lo que el Fiscal Federal debía indagar que los imputados puestos a su disposición, se trataran de las personas que de manera probable participaron en los hechos que la Fiscalía les pretendía atribuir; lo cual podría hacer mediante una nueva solicitud de audiencia inicial sin detenido”, explicaron.
En este sentido, en la postura argumentaron que “la Fiscalía Federal en ningún momento de la audiencia refirió que los imputados contaran con diverso mandamiento de captura, ni tampoco que, en el área de público de la sala de audiencias, se encontrara personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o bien, que así se hayan identificado”.
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Ayer el jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que presentó la denuncia en contra del juez federal, misma que fue ingresada ante la Fiscalía General de la República.
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