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Toluca, Méx.- La activista Irinea Buendía presentó ante el Congreso del Estado de México una propuesta de iniciativa de ley con el propósito de que los parámetros para juzgar bajo perspectiva de género, establecidos en el acuerdo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en 2015, cuando analizó la sentencia fallida por el caso de su hija, Mariana Lima, la meta es que formen parte de la legislación penal y procesal del Estado de México y el país la obligación de incluir la perspectiva de género sea parte de la investigación de las muertes violentas de mujeres y la sentencia de los responsables.
Agregó que su objetivo es que las familias, víctimas indirectas de feminicidios, no deban atravesar por el viacrucis de ellas , que tardó hasta 13 años en lograr la sentencia del feminicida de su hija, quien logró evadir la justicia, sobre todo porque era funcionario público de la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Sin embargo, lamentó que el caso de su hija no está resuelto, pues si bien obtuvo una sentencia de 70 años contra Julio Cedara Ballinas por el feminicidio de su hija, aunque la ficha no está firme, podría obtener una reducción en segunda instancia.
Recordó que la sentencia Mariana Lima Buendía emitida el 25 de marzo de 2015 constituye el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México relacionado con el feminicidio, marcando un precedente en las investigaciones al establecer la importancia de realizar diligencias particulares y que la investigación debe implicar la realización de conceptos criminalísticos con visión de género.
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Caso Mariana Lima Buendía marcó precedente en la justicia mexicana sobre feminicidio
Dicho posicionamiento por parte de la SCJN, permitió por primera vez en la historia de la justicia mexicana que las investigaciones se reabrieran con el fin de que fueran analizadas con perspectiva de género, en este caso pasando de suicidio a feminicidio.
Explicó que como parte de las reformas, busca la tipificación de delitos en contra de servidores públicos estatales y federales que obstruyan las investigaciones y la justicia.
“Esta propuesta tiene como propósito que los tres efectos de la sentencia de la SCJN se conviertan en Ley para obligar a las autoridades a investigar los casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género y con ello superar la impunidad en la que se encuentran la mayoría de los casos de feminicidio en el país y el alarmante incremento de muertes violentas de mujeres, de los cuales, en promedio, según las propias fuentes oficiales, sólo el 20% son investigados como feminicidios”, puntualizó Irinea.
Con su aprobación, agregó, esperan superar la impunidad del 98% de los feminicidios en México y terminar con la omisión institucional pues solo el 20% de los asesinatos cometidos contra mujeres son investigados como feminicidio, el resto como homicidio y eso impide el avance en las investigaciones que den con “la verdad”.
Agregó que el Estado de México es el que más casos registra en el país, pues refirió que de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública en 13 años se han acumulado 165 mil 798 muertes violentas de mujeres en el país -que supera la población total del municipio de Huehuetoca o se acerca a la de Lerma, Estado de México-.
Además, en 12 años el suicido de mujeres en México se incrementó en 60.2%, aunado a que en total, del 2015 al 2022 hay un “subregistro” de 7 mil 818 casos de conformidad con datos reportados por el Secretariado Ejecutivo y el INEGI.
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