Toluca, Méx.- La Fiscalía General de la República, junto con los representantes de cinco fiscalías estatales, entre ellas Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México, rechazaron el acuerdo para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tome en cuenta aspectos como que dicha medida es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto.
Durante la primera sesión ordinaria 20-24 de la zona centro, en la que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia Militar, los fiscales de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Estado de México que se llevó a cabo en la FGJEM, en Toluca, Germán Adolfo Castillo Banuet, Fiscal Especializado de Control Regional en representación del Fiscal General de la República, destacó que la prisión preventiva oficiosa es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto.
Especificó que con la eliminación de la prisión preventiva, se otorgaría libertad a cerca de 68 mil personas sujetas a esta medida por delitos de trascendencia penal que afectan los bienes jurídicos de mayor valía.
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Afirmó que de materializarse, tendría efectos negativos inconmensurables en el sistema de justicia y los derechos de las partes, desde el retardo en la conclusión de asuntos, hasta la sobresaturación de solicitudes de revisión de medidas cautelares y el colapso por la insuficiencia del personal involucrado en su atención.
“Quienes integramos la Zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, solicitamos atentamente a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectuar una profunda reflexión sobre la realidad social en México y La Fiscalía General de la República y los que integramos la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías de todo el país”, expresó.
El rechazo, sentenció, es contra una jurisprudencia sobre la demanda de amparo con la que se orden suspender el cumplimento de una orden de aprehensión por delitos graves como feminicidio, homicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, por mencionar algunos.
Por lo anterior, la Fiscalía General de la República, junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las Fiscalías y Procuradurías de todo el país, han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, y de eso hemos hablado durante nuestra reunión.
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Integrantes de la Zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia reiteran su compromiso con los derechos humanos
Por otra parte, durante la reunión, quienes integran la Zona Centro de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, reiteraron su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las víctimas, convencidos de que debemos actuar individual y colectivamente para pugnar por la vigencia de la Constitución Federal, ante las injerencias de terceros que pretenden anularla.
El Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, estableció que fue por demás importante este tema ya que se prevé que las reformas se apliquen en el Estado de México, Ciudad de México, así como en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Es así que, estableció, los mencionados representantes de las diversas fiscalías rechazan, en forma contundente, dicha resolución, ya que pone en peligro inmediato a las víctimas de estos delitos, a los ofendidos, y a sus testigos, que quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales Derechos Humanos”, puntualizó.
Amplió que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.2 permite que el Estado restrinja derechos humanos a través de leyes y constituciones, como acontece con la prisión preventiva oficiosa.
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“Estamos convencidos que deben privilegiarse los derechos de las víctimas respecto de los derechos de los imputados, para evitar la victimización institucional sistemática por falta de garantías a su seguridad”, subrayó.
Castillo Banuet destacó que como autoridad, deben mostrar apertura a escuchar a las víctimas y ofendidos, con el objetivo de que perciban directamente los riesgos a los que se les expondría si se invalida la prisión preventiva oficiosa.
Resaltó la impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos.
En la reunión de este viernes, agregó, trataron temas como el modelo de interconexión metropolitana, el fortalecimiento de estrategias para delitos sucedidos en el norte, el proyecto de interoperabilidad de lectores de placas, así como una iniciativa de reformas en materia de lo que coloquialmente se conoce como huachicoleo.
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Señaló que revisaron temas para la mejora uno de la procuración de justicia, los asistentes abordaron temáticas de interés común que coadyuvarán a fortalecer la cooperación y estrategias para enfrentar delitos cometidos en la zona centro del país e incluso a nivel nacional.
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