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Toluca, Méx.- María Magdalena Velarde pasó siete años para conseguir la sentencia del responsable del feminicidio de su hija Fernanda Reyes, registrado en el 2014; sin embargo, tras una apelación le redujeron a más de 20 años de condena los jueces del Poder Judicial. Led “N”, es uno de los cinco casos de feminicidio en los que disminuyeron las penas a los responsables del asesinato de una mujer, por no presentar las pruebas suficientes que sustentaran el feminicidio.
Esta tarde madres de víctimas de feminicidio protestaron frente al Poder Judicial, pues pese a la dilación para lograr llegar hasta el juicio en contra de los responsables de matar a sus hijas o familiares, los responsables reciben reducciones de sentencia bajo el argumento del respeto a los derechos humanos de estos hombres. Male, como se conoce a la mamá de Fernanda Reyes, dijo que en su caso pasó de una sentencia de 69 años a más de 40 años de prisión, que “si bien yo ya no los voy a vivir, mi nieto sí, el hijo de mi hija asesinada por Led “N”, quien fue su pareja sentimental”.
Este no es el único caso, comentó Karen Reyes, también está el asunto de Karina García Alemán, asesinada en el 2020 y pese a que Luis “N”, el feminicida, fue declarado culpable, aún no recibe sentencia. Asimismo, el asunto de Salma Correa Reyes, asesinada por Ricardo Rangel, sentenciado cuatro años después del feminicidio a 62 años, seis meses, pero que ingresó una apelación y se prevé una reducción de sentencia.
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Señaló que los jueces se prestan a reabrir casos y analizar las opciones para reducir años en una apelación, pese a los años que pasan para que los responsables de estos asuntos sean aprehendidos y vinculados a proceso, pues en ocasiones son hasta ocho o 10 años.
Como parte de las acciones, los inconformes instalaron una intervención en la Plaza de Los Mártires, instalaron fotografías de las víctimas y sus agresores, además de mantas exigiendo justicia. Acotaron que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) debe reconsiderar los cambios.
Explicaron que el problema es que los ministerios públicos y policías de investigación no logran acreditar los hechos de los que son acusados los feminicidas, es por ello, que la parte acusadora espera paciente y aprovecha las lagunas, el tiempo que se pierde para que no haya testigos, la pérdida de pruebas y otros elementos en que permiten disminuir la sentencia o cambiar el delito por el que fueron acusados.
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“Cuesta un montón de trabajo, llegar a juicio, estar en audiencias, cambios de ministerios públicos, de jueces y cuando por fin llegamos a una sentencia, por el cambio de jueces o de MP se reduzca una sentencia a menos de la mitad, no es válido”.
Afirmó, que muchas veces han comentado que el problema viene desde lo más bajo de la cadena, por ejemplo las periciales se pierden, no hay personal bien capacitado, es insuficiente el personal que existe para estas funciones y los jueces no tienen perspectiva de género.
“Ya sea por los peritos, porque no se resguarda el lugar de los hechos, pero cada caso de nuestras hijas tienen semejanzas como es la incompetencia de los MP, de los peritajes que no se realizan bien desde el inicio y pruebas que se pierden por no resguardarlas bien”, lamentó.
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