Toluca, Méx.- Fueron entregados por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) los nueve cuerpos de las personas calcinadas en el incendio de la Central de Abasto de Toluca, seis de ellos pertenecen a la familia Ramirez Díaz, de Ixtlahuaca, dos adultos mayores de Zinacantepec y de la última persona no se conocen pormenores.
Por 20 años la familia de Lourdes Díaz y Benito Ramírez se dedicó a vender productos en la zona de La Isla, dentro de la Nave 7 de la Central de Abasto de Toluca; sin embargo, el intento por retirarlos y a cambio colocar un local comercial de abarrotes derivó en una disputa que acabó con la vida de estas personas y dos adultos mayores que defendían sus espacios.
Una de las primas de las víctimas, relató a El UNIVERSAL que, junto con sus tíos, estaban Pilar Ramirez Díaz, y sus hijos Areli Enríquez, Cristhian Enríquez y Alexandra Enríquez, los tres adolescentes menores de 18 años que murieron calcinados debajo de las tarimas donde crecieron, pues su vida fue dedicada al comercio.
Anoche, los restos de esta familia fueron entregados a sus allegados, quienes los velarán en su pueblo natal, San Mateo Ixtlahuaca. Les honrarán con un homenaje, pese a que sus cuerpos fueron reducidos a cenizas, quieren hacerles saber del amor y el cariño que siempre les han tenido y les tendrán.
De acuerdo con el relato de una sobrina, esa noche del incendio, dormían ahí los integrantes de la familia Díaz porque derivado de la disputa por los locales, destinaron guardias que vigilaran que no los retirasen a la mala, toda vez que mientras se desarrollaba un litigio por el lugar, al llegar una mañana encontraron la construcción de un local comercial invadiendo el espacio, por lo que decidieron que habría vigilancia nocturna, sin saber que este sería su final.
La joven que ha tenido que contener la rabia por esta pérdida, comentó que su tía Lourdes lo único que quería era mantener el negocio que le dio sustento durante toda su vida, en el que trabajaron hasta darlo todo. Señaló que durante años estuvieron tranquilos, pagando la cuota o requerimientos establecidos por la mesa directiva; sin embargo, un día llegó un presunto dueño de los metros ocupados por los locatarios, los amagó con retirarlos.
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Fue así como inició un litigio, sus familiares acudieron ante las autoridades e iniciaron un amparo para no ser despojados de lo que consideraban les pertenecía, fue entonces que la administración de la central se deslindó de todo trato con los locatarios.
Incluso, relata, comenzó un hostigamiento que escaló, pues en estos días, se resolvería el amparo y presuntamente sería a favor de su familia.
En el espacio que ellos ocupaban, dijo, el objetivo era construir un local fijo para la venta de huevo y otro tipo de mercancía, como abarrote.