Toluca, Méx.— En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se identificaron 50 mil 240 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar; de éstas, 21 mil 318 fueron determinadas como susceptibles de cancelación por prescripción, revela el primer informe de gestión del fiscal José Luis Cervantes Martínez, el cual entregó a la Legislatura estatal.
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Al asumir el cargo de fiscal el 10 de marzo de 2022, Cervantes Martínez ordenó una revisión a la base histórica de mandamientos judiciales desde 1971 a la fecha.
“A partir de este análisis, y para abatir el rezago, se sostuvieron reuniones con los operadores del Poder Judicial de los sistemas tradicional y acusatorio para llevar a cabo de manera conjunta un Programa de Cancelación de Órdenes de Aprehensión, el cual tiene como finalidad depurar los sistemas y evitar actos de corrupción”, se indica.
Entre las órdenes de aprehensión a cancelar hay algunas por injurias, que dejó de ser un delito, además en la fiscalía han detectado que algunos malos elementos utilizaban esos mandamientos judiciales para pedir dinero a los imputados, presuntamente para no cumplimentarlas, indicaron fuentes oficiales de la FGJEM a consulta expresa de EL UNIVERSAL.
El doctor Javier Diez García, profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la UNAM, quien forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, señaló que el hecho de que se hayan acumulado más de 50 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar habla de un rezago, que “si todo funcionara como debe, no debiera, no existiría”.
“Es parte de la incapacidad y o falta de personal del Ministerio Público, que debido a la incidencia delictiva tan alta es inasumible la carga de trabajo para el Ministerio Público”, señaló el doctor en Derecho.
Antonio Lara Duque, dirigente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), indicó que las cifras generan más dudas que respuestas.
“¿Por qué no fueron ejecutadas estas órdenes de aprehensión?, ¿será sólo por falta de personal?, ¿será que no hubo una directriz para que el personal ejecutara esos mandamientos judiciales?, ¿y cómo por qué no se pudieron ejecutar?”, cuestionó.
“Independientemente de que la autoridad, ahora en términos administrativos cancelen estas órdenes de aprehensión, lo cierto es que si hoy fueran ejecutadas, el primer acto de defensa que haría una persona detenida sería hacer valer que esos mandamientos se encuentran ya prescritos”, apuntó Lara Duque.
“Estas cifras nos hablan de que aún falta mucho por hacer”, agregó el dirigente del CDHZL.
El primer informe de gestión del fiscal José Luis Cervantes expone en nueve capítulos la reorganización, reingeniería y reaprovechamiento en la FGJEM; los retos en el combate a la corrupción; acciones para incrementar las funciones de investigación y persecución del delito, así como el aumento del estado de fuerza, entre otros temas.
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En el informe se reconoce que 58% de la población no confía en el Ministerio Público ni en los policías judiciales; 77% piensa que los MP, así como 71% de los policías de Investigación son corruptos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).