Toluca, Méx.— Al menos dos funcionarios del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) se encuentran en proceso judicial por irregularidades detectadas en su función, uno por sobornos y otro por falsificación de firma, informó la titular Miroslava Carrillo.
Precisó que ambos funcionarios fueron destituidos y denunciados ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense. Los dos casos están en proceso abierto con la finalidad de conocer si hubo más personas o funcionarios involucrados en estos hechos.
Detalló que una de las empleadas pedía dinero a cambio de dejar pasar fallas en los municipios. Ella pertenecía al área de auditorías del órgano auditor, que es el encargado de la fiscalización de los recursos que manejan los entes públicos estatales y municipales.
Las irregularidades detectadas en este caso fueron que la funcionaria cobraba a los ayuntamientos de acuerdo con su capacidad financiera por dejar pasar irregularidades, permitía que le entregaran incluso discos sin información o datos erróneos.
La auditora comentó que denunció estos hechos ante la fiscalía mexiquense, institución que inició una investigación y también abundó que dicha instancia tarda mucho en iniciar el proceso e investigar, tan solo en este caso tomó un año en integrar la carpeta, y reunir elementos para sustentar el expediente.
Ahora esta ex funcionaria está sujeta a proceso penal por cohecho y abuso de autoridades.
El otro funcionario denunciado y en proceso trabajaba en el área jurídica del órgano en donde subcontrató a un tercero, quien coordinaba su agenda y le ayudaba a elaborar resoluciones del órgano. Para contratarlo falsificó documentos del OSFEM y la firma de Miroslava Carrillo Martínez, auditora superior de fiscalización.
“Nos dimos cuenta cuando vinieron a la sede del órgano a cobrar, pues durante meses laboró sin recibir un solo peso. Ahí nos contó quién lo había contratado, cómo había sido el procedimiento y cuáles eran las labores que le encomendaron”, explicó.
En ese caso el exfuncionario enfrenta un proceso penal por falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad y abuso de autoridad.
La auditoría precisó que de 2020 a 2023 suman 35 los exservidores públicos denunciados por su presunta responsabilidad administrativa.
