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Atizapan de Zaragoza, Méx-. Víctor Mauricio fue sentenciado por un juez a 33 años de prisión, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense acreditó que obligaba a su hija de 17 años a sostener relaciones sexuales con otro u otros hombres durante la pandemia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencias de condena para Víctor Mauricio Becerra Casas y Alejandro Ramón Ortiz, tras quedar acreditada su responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio de una joven quien, al momento de los hechos, en el año 2019, tenía 17 años, informaron autoridades de la FGJEM.
El MP recabó pruebas, las aportó y expuso en el juicio que el que un juez dictó condena de 33 años y 9 meses de prisión para Víctor Mauricio Becerra Casas, acusado del delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, además deberá pagar multa de 2 millones 237 mil pesos.
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Además, el juez emitió condena de 31 años y 6 meses de prisión para Alejandro Ramón Ortiz y deberá pagar multa de 1 millón 876 mil 290 pesos, por el delito de trata de personas, en la modalidad de la acción dolosa de una persona quien a sabiendas de su condición de trata, usó servicios de una persona para cualquiera de los fines previstos en los delitos contemplados en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
La investigación de la Fiscalía mexiquense precisó que a principios del mes de febrero de 2019 Víctor Mauricio comenzó a llevar a su hija de 17 años a un domicilio ubicado en calle Vasco de Quiroga, colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde la obligaba a sostener relaciones sexuales con Alejandro Ramón Ortiz, a cambio de dinero.
En caso de que la víctima se negaba a mantener relaciones sexuales con el sujeto, la joven era amenazada por su padre de que la golpearía. Estos hechos ocurrieron hasta el mes de marzo de 2022.
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Una vez que este delito fue denunciado ante esta Fiscalía estatal, personal de la FGJEM llevó a cabo actos de investigación de gabinete y campo con los cuales obtuvieron datos y pruebas que fueron aportados al juez, quien otorgó órdenes de aprehensión contra los implicados.
Los dos hombres fueron aprehendidos en acciones distintas por Agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes los ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de un Juez, autoridad que, tras proceso legal, les dictó las sentencias de condena.
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