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Toluca, Méx.— Por unanimidad, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley de Justicia Cívica, promovida por las bancadas del PRI y Morena. Este ordenamiento busca resolver conflictos vecinales derivados de la falta de cumplimiento de reglas básicas de convivencia mediante arresto de 36 horas o acciones a favor de la comunidad, como barrer calles o limpiar parques.
Las sanciones también incluyen multas e incluso la asistencia a cursos, terapias o talleres diseñados para atender los factores de riesgo que pudieran estar presentes.
Además, contempla que las oficialías mediadoras conciliadoras municipales se conviertan en juzgados cívicos que contarán con mayores elementos y atribuciones para sancionar las infracciones administrativas que actualmente contemplan los bandos municipales. Los juzgados estarán integrados por un juez cívico, secretario, facilitador, médico y sicólogo.
Asimismo, se logra una reducción en los tiempos de los procesos para desahogar los asuntos en una sola audiencia y de manera formal, y se pasa de un enfoque de sanción a uno basado en la reparación y soluciones de común acuerdo.
Las promoventes de la ley fueron las diputadas Azucena Cisneros (Morena) y Karla Aguilar (PRI).
La morenista expresó que “contar con una Ley de Justicia Cívica en el Estado de México era una necesidad y una demanda de la ciudadanía, con la aprobación privilegian el diálogo en la resolución de conflictos para mejorar la convivencia en comunidad”.
Mientras que la diputada priista subrayó que la justicia cívica se traduce como la resolución de conflictos que surgen entre personas como parte de la convivencia cotidiana, lo que va desde el ruido provocado por una fiesta durante la madrugada hasta acumular basura afuera de un domicilio o pasear a un perro sin las medidas de seguridad e higiene.
La ley establece las reglas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, mejorar la convivencia social y mantener el orden público. Se cometerá una infracción cuando la conducta suceda en lugares públicos, o privados cuando se afecte a terceros.
Las infracciones estarán divididas en cuatro, dependiendo el nivel es el monto de la multa y quien no la pague deberá cumplir con 36 horas de arresto.
Las multas van de cinco a 20 veces la Unidad de Medida (UMA) (518.7 pesos a 2 mil 74 pesos) o arresto de seis a 12 horas, que podrán ser conmutables por tres a seis horas de trabajo en favor de la comunidad hasta una multa de 60 a 100 veces la UMA (6.224.4 pesos a 10 mil 370 pesos), o arresto de 24 a 36 horas.
En el caso de determinarse el trabajo comunitario como sanción, el número de horas se determinará considerando una evaluación sicosocial y su reincidencia.
