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Toluca, Méx.- Alejandra Monroy Téllez pidió ayuda para lograr que los jueces de lo familiar del Poder Judicial del Estado de México resuelvan conforme a la ley el juicio por pensión alimenticia que inició hace ocho meses en contra del padre de su hija, quien a pesar de haber admitido ante la jueza que percibe 150 mil pesos mensuales, únicamente le entrega una manutención de mil pesos al mes.
La joven relató afuera de los juzgados en Toluca, que por más de un año fue víctima de violencia física y verbal por parte del padre de su hija, desde hace ocho meses decidió separarse y emprendió el duro camino de un proceso para obtener la pensión alimenticia; sin embargo, presume que las influencias y cercanía del demandado con familias de “renombre en la entidad, han impedido que se resuelva el asunto conforme a la ley”.
Acomodada por diversas colectivas feministas, decidió alzar la voz y hacer públicas las violencias de las que ha sido víctima, pues reconoció que desde que lo conoció hubo un abuso sexual, además ella era menor de edad y él un adulto.
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“El problema es que sus familiares son de apellido pesado, como se dice coloquialmente, son originarios de Atlacomulco y es primo del ex presidente del Poder Judicial, su apellido es el de un notario muy destacado, quien ya falleció y por eso es que tengo miedo, porque cada vez que lo escuchan los jueces, entonces retrocede mi caso”, acusó.
Por lo anterior, solicitó al Poder Judicial mexiquense que actúen conforme a derecho, pues consideró injusto que hayan desestimado las pruebas presentadas sobre la violencia que ejerció el padre de su hijo, quien incluso frente a los juzgados la ha insultado y tratado de agresor físicamente.
En entrevista previo a entrar a la audiencia, dijo que si bien es “responsable de haberme relacionado con este tipo de persona”, señaló que no puede permitir los daños contra su hija.
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Comentó que “el señor no quiere dar pensión para la niña, actualmente en una de las conciliaciones previas a la audiencia inicial, aceptó que tiene ese salario (de 150 mil pesos) pero que se rehúsa a pagar la pensión. Él es familiar de personas muy pesadas en la entidad, su apellido paterno es de familias muy importantes, por lo tanto cuando lo escuchan abogados y jueces, se detienen y el materno es del poblado de Atlacomulco, durante el periodo pasado cada vez que amenazaba, decía también que no podía proceder porque tenía muchas influencias”.
Afirmó que la violencia comenzó desde que supo sobre el embarazo de Alejandra y no se ha detenido, pues en la última audiencia de hace unas semanas, le gritó: “zorra, prostituta, atacó a uno de mis acompañantes y fue afuera de estas instalaciones (los juzgados). Él me oprimía el cuello hasta dejarme sin aire, me chupaba la cara, me acorralaba en una esquina, hasta una vez que hicimos un viaje a Mérida, para tramitar la Visa nos dejó abandonadas en la calle, golpeó el carro, nos amedrentó tanto que los oficiales se acercaron y él pudo huir”.
Afirmó que la aisló al 100%, al grado de controlar quién podía visitarla, la alejó de su familia e impidió que saliera, pero tras un año y medio la violencia llegó hasta la niña, quien teme verlo por las agresiones, que agregó, todas fueron denunciadas ante el Ministerio Público, cuando el 6 de junio pudo ampliar la denuncia, porque previamente desestimaron todas las pruebas y las acusaciones.
Por su parte, Leonardo Espinoza, activista defensor de los Derechos Humanos apeló a que la justicia se balancee de forma equilibrada entre todos los ciudadanos, sin importar el apellido o la cercanía con familias anquilosadas en el poder, señaló que acuerparon a la joven denunciante, quien se dijo “vulnerable” ante el peso del poder de la familia del padre de su hija.
rcr
