Integrantes de la Asociación de Abogados Independientes del Estado de México, en el Distrito Judicial Cuautitlán, protestan frente al edificio de los Juzgados Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, señalando irregularidades en el nuevo sistema colmena.
“Nos vendieron un sistema que no funciona, queremos una justicia pronta y expedita”, gritaban en sus consignas los abogados.
El sistema colmena, refieren, prometía agilizar los trámites y concentrar en un solo lugar diversas materias; sin embargo, se han encontrado obstáculos en los trámites como no poder hablar directamente con los jueces o secretarios de acuerdo para empatar criterios y agilizar, retrasando los casos para los ciudadanos.
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Además, exigen la renuncia del titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, pues consideran que impone requisitos como la certificación, a la cual se oponen pues consideran que solo la Secretaría de Educación Pública puede hacerla y no a través del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
“No estamos negados a la capacitación o actualización, pero como siempre lo había llevado a cabo el sistema judicial, de forma gratuita y no con una cuota de 20 mil pesos más IVA por materia; pensemos también en los egresados que vienen de la carrera, el trabajo que les cuesta pagar su título y todavía pagar las certificaciones, no es justo y no es correcto”, declaró el abogado Humberto Mejía, enlace de la Asociación de Abogados Independientes del Estado de México.
Esta acción de protesta también la realizan en municipios como Ixtapaluca, Zumpango, Ecatepec y Toluca, pidiendo que cambien los procesos para no entorpecer los procesos legales, asegurando que seguirán manifestándose en caso de que no cambie la situación.
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Protestan abogados en juzgados de Toluca
Abogados mexiquenses se manifiestan en contra de los juzgados mixtos o colmena y también de la obligatoriedad para certificarse, mediadas que estableció el PJEM y que va en contra del desempeño de su trabajo. Por el momento mantienen cerrada la calle Nicolás San Juan y los juzgados en Toluca.
Los inconformes refieren que los juzgados colmena lejos de agilizar los procesos los retrasa, pues se trata de un modelo que opera en Ecatepec, en donde se tardan hasta cuatro horas para poder revisar un expediente.
Asimismo, acusaron que la central de actuarios no está funcionado; sin embargo, señalaron que a través de la circular 86 del 2023 emitida en noviembre del año pasado y publicada en la Gaceta de Gobierno, estipula una certificación por parte del Poder Judicial del Edomex, pese a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TEPJEM) no tiene las facultades legales, es decir, “no puede certificar a un abogado”.
Carlos Alberto López Olivera explicó que la facultad de acreditar a los abogados es intrínseca de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, pero mediante la mencionada circular, el Poder Judicial pretende cobrar 20 mil pesos por la “supuesta” certificación voluntaria, a través de un diplomado o de alto nivel que cuesta cada materia 20 mil pesos más IVA.
“Lo que quieren hacer es cobrarnos 20 mil pesos, y por la certificación es de 15 mil pesos, estamos hablando de 35 mil pesos en promedio por materia, es excesivo, por eso pedimos que deje de surtir efecto la circular”, dijo.
Añadió que si bien hay un comunicado por parte del TSJEM que menciona que no es obligatorio el diplomado, el abogado precisó que “es un juego de palabras porque lo señalan como voluntario, pero realmente no es así”.
Expresó que el Poder Judicial no es claro, pues establecen que esta medida no es obligatoria, pero no confían en que con el tiempo sea un impedimento para litigar.
“Lo que sucede, por ejemplo, lo de menores infractores comenzó de la misma forma, bajo una certificación, que decían que no era obligatoria y actualmente el abogado que quiera representar los derechos de un menor debe contra con ello o no te permiten defenderlo, representarlo”, apuntó.
Expuso que es probable que el PJEM extienda las restricciones a todos los ámbitos, por ello se oponen a la certificación, y en su caso que se restrinja a las barras y colegios de abogados que formaron este acuerdo, el resto queden libres de esta condición.
“Es una forma velada para poco a poco obligarnos a pertenecer a una barra o colegio de abogados y la escuela del Poder Judicial no tiene la facultad de exigir una certificación, sino es del gobierno federal y ya manejan los lineamientos que deben cumplirse para certificarse en cualquier materia o ramo”, indicó.
Apuntó que la circular 44 es la que atiende el tema de menores infractores, misma que también comenzó con un diplomado voluntario y hoy es un requisito.
Los inconformes amagaron con no liberar el acceso a los juzgados y demandaron ser recibidos a cambio de retirar la protesta.
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