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Como en otras ciudades del mundo, en localidades mexicanas la llegada del servicio de transporte por medio de aplicaciones digitales generó roces y confrontación con los taxistas anclados al modelo tradicional. En la Ciudad de México suman seis años de pugnas sin que la autoridad haya podido establecer condiciones de competencia justa.
Apenas en 2015, como parte de un esquema inicial de regulación, se determinó que las empresas que ofrecen el servicio de taxi por medios digitales aportarían 1.5% del costo de cada viaje al Fondo para el Taxi la Movilidad y el Peatón, recursos que han estado marcados por la opacidad.
Ahora en 2019 se estableció que las empresas que operan vía aplicaciones deberán cumplir con nuevos requisitos para circular, como pagar al gobierno de la Ciudad el trámite de Revista Vehicular de sus unidades y la obligación de sus conductores de tramitar una nueva licencia, que no tendrá costo.
Nada de lo anterior ha dejado satisfechos a decenas de miles taxistas. Por ese motivo ayer salieron a las calles de la capital y de algunas otras en los estados para exigir una regulación más estricta en contra de los operadores de empresas digitales.
¿Una regulación más estricta sería la solución? Está comprobado que las duras normas, altos costos y extensas tramitologías no fueron garantía de un servicio eficiente y solo ocasionaron la aparición de servicio pirata de taxis, con la consecuente inseguridad para el usuario, así como el surgimiento de asociaciones de conductores ligados a grupos políticos.
Esta veta fue precisamente la que aprovecharon empresas como Uber, Didi o Cabify para ofrecer un servicio relativamente seguro y tecnológicamente actualizado, aunque no ha estado exento de lo que muchos consideran un abuso al elevar las tarifas de manera unilateral hasta en 100% cuando la demanda del servicio crece o el tránsito vehicular es intenso.
En este diferendo el desafío para la autoridad es fijar reglas claras para ambas partes. El servicio de transporte vía aplicación sorprendió como sorprendieron muchos adelantos tecnológicos para los cuales no se pensó una normatividad. El sentimiento de amenaza para aquellos que prestan un servicio similar, pero sin hacer uso de la tecnología es hasta cierto punto entendible.
En la capital del país, con las añejas deficiencias en transporte público, el mercado de la movilidad puede albergar diferentes esquemas de servicio privado. La cuestión es dejar de ver únicamente este tipo de transporte como mina para las finanzas públicas y colocar en el centro el objetivo prioritario: el ciudadano que requiere un servicio de transporte.
