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Una de las prácticas de corrupción más extendidas en nuestro país es la defraudación fiscal y financiera, por lo que el gobierno federal se propone atacarlas de frente y para ello está por aprobar que se tipifiquen aquellas modalidades que supongan cualquier intento de engaño o de omisión de declaración a la autoridad tributaria como delito de delincuencia organizada.
El Senado de la República se dispone a ejecutar reformas a la legislación fiscal vigente para aumentar las penas a todo aquel que realice o se preste para expedir documentación que avale la supuesta existencia de las denominadas empresas fantasmas o la ejecución de operaciones mercantiles o jurídicas simuladas, con el propósito de deducir o evadir pago de impuestos.
Senadores de los partidos Morena y Movimiento Ciudadano son los que se encuentran impulsando esta iniciativa que, entre otras medidas, busca también que como recurso se le aplique a quien lleve a cabo tales prácticas defraudatorias, la prisión preventiva oficiosa. Además de penalizar la simulación de operaciones mercantiles o jurídicas, se endurecerá también el castigo al contrabando.
Y es que estos legisladores advierten que no sería prudente para la lucha anticorrupción que, como también se ha propuesto en sentido opuesto, se dejara de considerar a los delitos fiscales como amenazas a la seguridad nacional. La iniciativa jurídica cuenta con el aval de las bancadas de otros partidos, así como el de organizaciones bancarias y empresariales, por considerar que se trata de modalidades de corrupción que ocasionan mermas multibillonarias a las arcas públicas, en detrimento del presupuesto que debiera aplicarse a usos indispensables para el funcionamiento de la administración federal y la atención de los programas sociales.
En el caso de que se encuentre que servidores públicos estén involucrados en los casos de defraudación fiscal y financiera, los senadores piden que se endurezca el castigo, aun cuando ellos no hayan sido quienes lo propiciaron o planearon, sino tan solo por participar en la cadena de la comisión del delito, por ejemplo, al adquirir facturas falsas con conocimiento de su naturaleza. Con ello, además de tener que enfrentar a la justicia, se les destituirá del cargo que estuvieran desempeñando y se les impondrá una inhabilitación en el servicio público de hasta 10 años.
Si bien es plausible que se endurezcan las penas para combatir la defraudación fiscal, también las autoridades deben vigilar que esta herramienta no signifique el uso de fuerza desmedida contra ciudadanos o empresas que no tengan una intención de daño patrimonial al Estado.
