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Uno de los ejes que guían a la cultura en el actual gobierno federal es el Programa Nacional de Cultura Comunitaria, que busca promover “el ejercicio efectivo del derecho a la cultura de personas, grupos y comunidades, en especial aquellas que han quedado al margen de las políticas culturales”. Pretende también reconocer las expresiones locales y “utilizar el poder del arte y la cultura para la transformación social”. Un proyecto ambicioso que ha exigido para este 2019 un presupuesto de 400 millones de pesos, de los 675 millones que ejerce la Dirección General de Vinculación Cultural, de la cual depende.
El ejercicio de los recursos marcha en medio de claroscuros, de acuerdo con información que durante tres días ha publicado EL UNIVERSAL.
En primer lugar se generó una virtual nómina paralela para echar a andar el programa. Mientras se daban despidos de más de mil trabajadores en la dependencia, 630 personas fueron contratadas vía outsourcing para desempeñar tareas de facilitadores, capacitadores, operadores, talleristas, promotores, etc., con salarios de entre 8 mil y 22 mil pesos mensuales.
En segundo lugar, existe el riesgo del uso discrecional de recursos debido a la falta de reglas claras de operación. La Dirección de Vinculación Cultural reconoce que el ejercicio de 200 millones de pesos para pagar a artistas, creadores ancestrales y producción de eventos, “difícilmente podrá ser objeto de comprobación”; agrega que tampoco será posible comprobar por qué se dio un precio determinado a un saber ancestral. A falta de facturas, en algunos casos se utilizarán “recibos comunitarios”. El argumento es que hay procedimientos en la Ley de Adquisiciones que no corresponden con la realidad comunitaria o con la realidad cultural. En los hechos, desde ahora se dice que habrá vacíos para justificar la forma en que se utilizó el dinero público.
Por último, en la información que aparece hoy en la sección Cultura se detalla que en la identificación de los “agentes” culturales en las distintas regiones del país se necesita de “sensibilidad” para determinar a quiénes se les puede considerar así. En otras palabras, la asignación de recursos se basará ampliamente en la intuición.
El país es una mezcla de distintas culturas. Aquellas que prevalecen en comunidades étnicas deben tener todo el reconocimiento, pero no son las únicas. Es encomiable que se trate de rescatarlas y que se destinen millones de pesos para tal fin, pero desde ahora deberían evitarse acciones poco transparentes. Tan importante es eso como recordar que México se entiende más bien como una nación multicultural.
