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Luego de que esta semana escalara un grado más el desafío de la delincuencia organizada al hacer quemas de unidades del transporte público en represalia a los gremios de transportistas que no se han plegado a sus exigencias o no han podido cumplir con ellas, se anunció ayer que ahora corresponderá a la Guardia Nacional realizar una tarea más a las varias que ya se le han encomendado desde el inicio de sus operaciones: la vigilancia a transportistas de la zona conurbada entre el Estado de México y la Ciudad de México.
El escalamiento se debió a que en los casos de vehículos incendiados se ejecutaron, o bien en puntos focales del corredor de transporte al norte de la Zona Metropolitana (un paradero aledaño a una estación del Mexibús en Tecámac) o ahora ya en pleno territorio capitalino (en la alcaldía Gustavo A. Madero, a unos pasos del Centro Médico La Raza).
Esta nueva afrenta del crimen organizado habla tanto de un vacío o ausencia de autoridad en una de las zonas más pobladas de la geografía nacional, así como de un nivel de osadía y de reto en el que la delincuencia tienta y pone a prueba a las instituciones del Estado, ampliando, cuando no encuentra resistencia, los límites de su acción que cada vez se vuelve más agresiva e incisiva. Ello viene a sumarse a señales de atrevimiento no vistas antes como vehículos rotulados con siglas de organizaciones delictivas, engomados de 'verificación' de extorsión o establecimiento de sistemas de videovigilancia propios.
Ahora, se pretende que la coordinación entre las autoridades de las dos entidades evite que los delincuentes de una se muevan hacia la otra a continuar la extorsión o para extender su radio de acción. Es de su especial interés la zona limítrofe entre Estado de México y la Ciudad de México porque, además de ser la franja en la que se realizan más viajes, es también el punto en que los criminales aprovechan el cambio de jurisdicción para evadir la persecución policiaca.
Este acuerdo entre entidades territoriales marca un precedente de cooperación que contrasta con administraciones anteriores en las que una y otra se echaban la culpa por el incremento delincuencial y eludían su responsabilidad para confrontar el problema.
Por tanto la cooperación entre CDMX y Edomex es esencial, necesaria y urgente, porque la situación se ha deteriorado a tal grado que la actividad económica y social en ambas entidades podría registrar un inminente colapso de no emprenderse acción inmediata alguna que termine de tajo con la industria de la extorsión, que es tan solo una de las múltiples caras que ha mostrado el crimen organizado. La sociedad espera resultados pronto.
