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Personal contratado en el sector cultural por el Capítulo 3000, es decir, por honorarios, que labora en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), envió una carta a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; a la directora general del INBA, Lucina Jiménez, y a la opinión pública, en la que solicitan a las funcionarias una garantía de que no serán los trabajadores contratados por este Capítulo 3000 los que paguen el nuevo recorte, porque de ser así, “estarían pagando de nuevo los de abajo y no los de arriba, al contrario de lo que se sostiene en el discurso”.
Los autores de la carta explican que personal de algunos centros de trabajo fueron informados de que la orden es hacer un recorte de por lo menos 15% de los profesionistas de la cultura, esto es cuando menos 15% de los contratados por el capítulo 3000.
Los “trabajadores” (nombre que nos les dan las instituciones porque se les llama “prestadores de servicios”) que envían la misiva laboran en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en áreas como la Coordinación Nacional de Artes Visuales, el Centro Nacional de Conservación y Registro de Obra del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), los museos Nacional de Arte, Mural Diego Rivera, del Palacio de Bellas Artes, Nacional de la Estampa, de Arte Moderno, Nacional de San Carlos, en la Coordinación Nacional de Teatro y de la Dirección de Servicios Informáticos, además del grupo @YaPagameINAH.
