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A regañadientes, así acabó aceptando el recorte de 15% de su sueldo un joven que hace cuatro años labora en un centro del Instituto Nacional de Bellas Artes, por honorarios, en el llamado “Capítulo 3000”, regulado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aunque en la práctica tiene obligaciones por las que tendría derecho a ser contratado bajo la Ley Federal del Trabajo.
Él y otros compañeros de INAH e INBA hablan de lo que ha pasado en las últimas semanas en sus centros de trabajo: despido de compañeros; avisos de reducción de personal o de salarios; instrucciones en museos de no tocar computadoras, fotocopiadoras e impresoras; reportes que dan cuenta de quién no regresa más en enero, y un clima de incertidumbre que si bien no es nuevo para los “Capítulo 3000” —pues cada fin de año y de sexenio no tienen clara su situación laboral— este año ha sido más complicado por las políticas de austeridad del nuevo gobierno o por situaciones como las que se viven en el SAT.
Prefieren no dar sus nombres ni aparecer en fotografías. Algunos tienen presentes las manifestaciones de meses atrás por el retraso de pagos (#yapagameINBA).
Un titular de área en el INBA recibió la instrucción de pasar una lista con cierto porcentaje de despidos; no hubo tiempo para diagnósticos. Advirtió que esto afectaría la operación de su área, pero incluso le pidieron más nombres: “Tuve que hacer el trabajo sucio”, asegura.
“Hay un oficio de la SHCP —dice una trabajadora de un museo— donde se avisa que se detienen las contrataciones para eventuales y honorarios. Nuestras autoridades enviaron una tabla con nuestros nombres y salarios, a partir de ahí harán el reajuste”.
Una joven que labora en un museo de la ciudad cuenta: “En nuestro centro cada área la lleva una persona, si hay recorte se quedan cojas las áreas. Nos hablaron de reducción de 15% en el salario, pero que eso no significaba una contratación segura a enero”.
Un gestor cultural de otro museo del INBA diagnostica: “Al momento de decretar recortes, los primeros afectados somos los del ‘Capítulo 3000’, el no tener una contratación laboral lo permite, como les ha pasado en el MAM y en Cencropam, con recortes de personal o de salario”.
En el MAM (Museo de Arte Moderno) hubo tres despidos. “Se les anunció a tres personas que no se les renovaron los contratos —cuenta una investigadora de ese museo—; eran de administración, restauración y un asistente. Es arbitrario porque tenemos que cubrir 15% de la reducción que se nos está exigiendo. Y no sabemos si esa reducción se va a reflejar en los gastos generales del museo, con el mismo plan expositivo, el mismo dinero y el tiempo de trabajo”.
En otros museos, como el del Palacio de Bellas Artes, de manera extraoficial se dice que no habrá recortes. Pero, en general, no ha habido ningún comunicado de las direcciones de los institutos en donde se estipule quién sí y quién no continuará en funciones. Además, los trabajadores no tienen a quién acudir porque aún no se conoce quién dirigirá los museos y áreas de INAH e INBA.
En el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también hay personas contratadas bajo el régimen del “Capítulo 3000” a quienes se les pidió que ya no se presenten a partir del 2 de enero. Uno de ellos cuenta que el 15 de diciembre les avisaron que debían trabajar hasta el 31 de diciembre, como señala su contrato, pues los únicos que regresarán son aquellos con otro contratos compactados (otra forma de pago por honorarios), algo que, dice, no provoca descontrol, pero sí incertidumbre. “Ya nos pagaron todo e incluso, quisiéramos o no, tuvimos que tomar las vacaciones que nos debían, para que ellos —el INAH— no tuvieran inconvenientes. No se nos planteó otra alternativa para ser recontratados. Cuando la nueva secretaria (Alejandra Frausto) ratificó a Diego Prieto, él dijo que se iban a respetar todos los cargos y no sólo eso, sino que se iban a mejorar las condiciones de trabajo; sin embargo, lo único que sabemos es que nadie va a regresar después del 2 de enero”.
La incertidumbre la viven también asistentes de investigación en direcciones y coordinaciones del INAH, e incluso arqueólogos que trabajan bajo esta modalidad de contrato y que tienen que salir a campo, sin ningún seguro ni prestación. “Acá no dicen nada —comenta una asistente de investigación—. No sé si me van a recontratar. Tengo una amiga que es arqueóloga, en Guerrero, y también me dice que no saben nada; igual compañeros que están en el Museo Nacional de Antropología o que trabajan en áreas de archivo histórico”.
Ni continuidad ni antigüedad. Aunque lleva 10 años en el INBA, su única certeza es que si regresa en enero habrá descuento de salarios y aumento de labores: “Los ‘Capítulo 3000’ no tenemos ni antigüedad ni continuidad”, afirma y cuestiona: “Si el INBA nos trata como proveedores ¿por qué corta nuestro salarios?”
Algunos trabajadores han enviado en el último mes cartas a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; a la directora del INBA, Lucina Jiménez; al titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, y a la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, exponiendo su situación. Hasta ahora ha habido una carta de respuesta del director de Asuntos Jurídicos del INBA, Héctor Domínguez de la Sierra, quien les planteó una reunión, pero cuando intentaron programarla la respuesta del funcionario fue “que iba de salida y que no regresaría sino hasta enero”.
Tan sólo en el INBA existen alrededor de mil personas que laboran bajo el “Capítulo 3000”. Algunos tienen hasta 25 años bajo esa forma de contrato. En promedio, los “Capítulo 3000” tienen de cinco a siete años trabajando en esas condiciones.
En sus cartas denunciaron que a los contratados bajo esta modalidad se les considera “prestadores de servicios” para efectos legales, y según la clasificación económica se les contempla en el apartado “servicios generales” del gasto ejercido por el gobierno federal, lo que va desde servicios básicos (luz, agua, gas, telefonía), arrendamiento, profesionales (asesorías, consultoría, etc.), financieros, de mantenimiento, comunicación social y publicidad, entre otros.
En los centros de trabajo de las instituciones culturales, los “Capítulo 3000” son considerados un servicio, pero tienen que cumplir con un horario, tienen un espacio de trabajo, deben reportarse ante un jefe, tienen correos institucionales. Son profesionales en diversas áreas; laboran en muchos campos: informática, restauración, exposiciones, difusión, gestión cultural, servicios educativos. Algunos responden por el traslado, restauración, documentación de préstamo de obras, e incluso, a veces, participan en los traslados de obra. Sin embargo, no tienen prestaciones: ni aguinaldo ni vacaciones ni seguridad social ni vales de despensa.
En entrevista, una diseñadora de un museo analiza: “La ilegalidad de nuestra contratación va en que nos contratan como proveedores de servicios dentro de la Ley de Adquisiciones, el Instituto compra un servicio de nosotros pero en realidad realizamos las labores de un trabajador regular que debería estar dentro de la Ley Federal del Trabajo; esa es la controversia, y no nos proteja nadie. Si decidiéramos tomar acciones legales, ninguna ley nos protege”.
Un restaurador argumenta: “Nosotros somos prestadores de servicios, y si eso se apegara a un contrato de prestador de servicios no tendríamos ni horario ni un patrón ni un lugar fijo de trabajo, pero sí a percibir un sueldo porque está cubriendo un servicio. Como cumplimos con esos requisitos es una simulación porque nuestro contrato dice una cosa y nuestra realidad laboral es otra”.
Los horarios no existen: “Nos mandan a itinerancias a cubrir, a llevar como comisarios de obra, acompañando la integridad y bienestar de la obra, y no hay servicio médico, a veces los viáticos no alcanzan. Son irregularidades y no nos parece justo”, cuenta una coordinadora de exposiciones.
Tiene 11 años de trabajar en diversos museos del INBA, en difusión, y en todo este tiempo no ha tenido ninguna prestación. Aunque en el recinto donde hoy labora les dijeron que estuvieran tranquilos y que se verían el 7 de enero, ella no sabe nada sobre las ratificaciones y está consciente de que el presupuesto sólo se abre hasta marzo: “Eso hace pesado a los del 3000; nos pagan enero y febrero sólo hasta mediados de marzo”.
Los trabajadores esperan que las nuevas autoridades abran espacios de diálogo: “Buscamos una reunión para legalizar nuestra contratación”.
La curadora e investigadora Ana Elena Mallet, quien trabajó alguna vez bajo esta modalidad, cuestiona que dado que muchos de los trabajos de “Capítulo 3000” son especializados, las nuevas autoridades culturales no pueden esperar que estos trabajos los haga personal de base. “Confío en que Lucina Jiménez encuentre una solución. Ella conoce los problemas, sus dimensiones, y a los profesionales de estas áreas”.
EL UNIVERSAL solicitó información del INBA sobre el tema pero no hubo respuesta.
(Con información de Antonio Díaz)
