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Con la renuncia que Paco Ignacio Taibo II le aceptó al escritor colombiano Nahum Montt, quien dirigía el FCE Colombia y fue acusado de abuso de poder y conflictos de interés , no se le pone punto final a la presunta corrupción y mal uso de fondos de la subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en Colombia, que está establecida como empresa colombiana, pero que es una empresa con capital mexicano.
No se sabe si hasta el momento hay un procedimiento legal iniciado en Colombia impulsado por el Fondo de Cultura Económica en su carácter de accionista mayoritario. La editorial mexicana se negó a responder a esa y a otras preguntas que se le hicieron llegar, con el argumento de que no tenía nada que agregar al comunicado que emitió el domingo 31 de mayo; sin embargo, se espera que solicite una investigación por mal uso de recursos “irregulares” que tiene confirmados desde noviembre de 2019 y que contravienen la política de austeridad no sólo del FCE sino impuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador .
EL UNIVERSAL ha tenido acceso a conversaciones que contradicen las declaraciones del director del FCE, Paco Ignacio Taibo II. Públicamente, Taibo ha dicho que le llamó fuertemente la atención a Nahum Montt, pero en mensajes privados le mandaba a decir: “El Fondo es tu casa, pero no se la dejes a nadie” y lo estimulan a seguir con lo que llaman la “Operación Bogotá”.
Ni las leyes mexicanas ni la Secretaría de la Función Pública permiten iniciar un proceso por delitos de corrupción contra el director de la filial colombiana, sin embargo el Fondo de Cultura Económica sí puede empujar una investigación en Colombia contra Nahum Montt, al menos por dos delitos: uso indebido de la tarjera de crédito corporativa, y administración desleal que tipifica el Estatuto Anticorrupción de Colombia, que aplica a las instituciones públicas pero también a las empresas privadas.
Además, hay dos procesos más que podría iniciar el gobierno colombiano , el primero desde el Ministerio del Trabajo, donde hay una queja por despido colectivo, y el segundo, desde el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá por modificar, sin permiso, el estacionamiento del Centro Cultural Gabriel García Márquez (tiraron la bodega de libros), obra arquitectónica del colombiano Rogelio Salmona que desde 2017 cuenta con la declaratoria de “Bien de Interés Cultural”.
La corrupción en el Fondo de Cultura Económica en Colombia fue denunciada por la Liga Contra el Silencio y Mexicanos contra la Corrupción a través del reportaje “El rey se pasea desnudo: corrupción en el FCE Colombia”, donde denunciaron, con base en una decena de testimonios y un buen número de documentos, los contratos millonarios que el escritor colombiano Nahum Montt firmó con tres empresas sin trayectoria, de las cuales es socio su hijo Germán Montt.
El Centro Cultural Gabriel García Márquez del FCE de Colombia, que dirigía Nahum Montt desde el 4 de abril de 2019. Foto: GDA/ EL TIEMPO
Hasta el momento no se sabe qué acciones emprenderá México ni tampoco las que podrían iniciarse en Colombia porque al parecer con la renuncia aceptada a Nahum Montt se acabó el problema. EL UNIVERSAL buscó al escritor colombiano y en una breve comunicación dijo: “Yo ya no tengo nada que agregar. Pasé la renuncia, me la aceptó el director y ya quedó así. Muchas gracias por el interés, pero no voy a decir nada más”.
Sin embargo, hay una duda sembrada en este largo asunto de malversación de fondos que comenzó a los pocos días de la llegada de Montt a la dirección de la subsidiaria en Colombia, el 4 de abril de 2019, del que se enteró en noviembre la Coordinación de Vinculación Internacional del Fondo, a cargo de Marco Barrera-Bassols , y en la que se supone que el director general, Paco Ignacio Taibo II, tomó cartas en el asunto el 2 de enero de 2020.
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Una conversación del 28 de enero, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, muestra dos mensajes, al menos, de Barrera-Bassols a Nahum Montt, en uno le escribió: “Hola Nahum: Paco miy (sic) contento con los resultados de la operación Bogotá que hizo Ángel. Te manda un abrazo a ti y beso a Nancy”.
Ese mismo día, un par de horas después, en un mensaje de voz le dice: “Hola Nahum, de nuevo, oye, lo único que te pido yo es que te concentres. El Fondo es tu casa, pero no se la dejes a nadie, es tu responsabilidad, y bueno pues esperamos que todo lo que se hizo ahorita te permita tener una plataforma para avanzar”. Dos mensajes que contradicen la molestia de la Dirección general del FCE y ponen sobre la mesa la pregunta de qué es la “ Operación Bogotá ”.
Contra la corrupción
Uno de los procesos más importantes contra Nahum Montt que el Estado Colombiano tendría que iniciar de oficio, como documentó La Liga Contra el Silencio, es por el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 que desde 2011 considera que “la corrupción privada” y “la administración desleal” son tipos penales y se incluyeron en el Código Penal (artículos 250A y 250B).
Camilo Jiménez, miembro del Consejo Editorial de la Liga Contra el Silencio, afirma que esta historia tiene muchas dimensiones, “por un lado están los contratos en cuestión, que son tres contratos que el Fondo firmó con empresas con las cuales estaba vinculado el hijo del gerente”; y el otro asunto, dice, tiene que ver con el mal uso de las tarjetas de crédito corporativas, “ese sí que es un caso privado, es el Fondo de Cultura Económica casa matriz el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que actuar”.
Dos funcionarios consultados que laboraron en distintas épocas del Fondo y que conocen los lineamientos de la editorial y las filiales señalan que el coordinador de Vinculación Internacional es el encargado de vigilar y coordinar a las filiales. “La fiscalización de las subsidiarias no corresponde al Estado mexicano, incluso sería ilegal que interviniera y afectaría tratados internacionales; pero estas empresas existen y el accionista mayoritario es el Fondo de Cultura Económica, organismo descentralizado del gobierno federal”.
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El economista Álvaro Velarca , quien fue director del FCE Colombia de 2016 a 2019 y a quien insistentemente acusan de haber dejado en malos números a la filial (aunque él ha demostrado lo contrario como consta en papeles en poder de EL UNIVERSAL), asegura que en el caso de Colombia el 100% de las acciones de Ediciones Fondo de Cultura Económica SAS (como se llama la empresa) es propiedad del FCE en México, es propiedad de los mexicanos, es propiedad del Estado Mexicano, se financia con recursos fiscales de los contribuyentes mexicanos y están obligadas a transparentar toda su operación”.
Velarca, antes de dirigir la subsidiaria en Colombia fue asesor y entre las cosas en las que colaboró en la elaboración de las “Políticas y Lineamientos de Observancia para las Subsidiarias del FCE en el Extranjero”, vigente desde 2015, a través de la cual se especifica que los gerentes de las filiales tienen prohibido celebrar “cualquier contratación de terceros cuando exista interés familiar, personal, de negocios o de cualquier otra índole que pueda representar un conflicto de interés”.
Pero además les señala que los gerentes no pueden celebrar contratos multianuales y que deben entregar informes mensuales de todas sus actividades en la filial, a la casa matriz.
“Para todos los efectos es una subsidiaria completamente de la casa matriz. ¿Qué es lo que hay que informarles? Ventas en ejemplares, ventas en valores, hay que informarles de todos los ingresos que se reciben. En el caso de Colombia los ingresos por arrendamientos, ingresos por ventas en el canal de las distribuidoras, los ingresos por las ventas en las librerías, todo desglosado, el programa editorial, qué es lo que se ha editado. Todo esto es mes con mes, además hay que enviar todos los estados de cuenta de los bancos”, afirma Velarca.
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El economista mexicano asegura en entrevista que la filial colombiana se consolidó como el segundo mercado más importante para el grupo, después de México. “Cuando yo la entregué el año pasado era la filial más importante para los libros del sello Fondo. Representaba el 17% de las ventas del grupo pero la nómina de Colombia apenas le costaba al grupo como el 6% de lo que costaba la nómina total”.
A pesar de los buenos números que señala y muestra Álvaro Velarca, la actual administración del FCE jamás ha dejado de señalar que cuando la recibieron en la filial en Colombia “había un desmadre mayúsculo”, como declaró Taibo a la Liga Contra el silencio.
“Yo entregué un informe de cómo la recibí y cómo la dejé en 2019, un informe que seguramente ni leyeron, ni les importó, si lo hubieran leído no estarían como están. Cuando llegó Taibo, una de las primeras cosas que me mandó que hiciera fue que le entregara un plan para recorte de personal, una decisión absurda, pues no necesitaba un recorte de personal”, señala Velarca.
Camilo Jiménez asegura que desde que denunciaron la probable corrupción a través de los contratos que la subsidiaria del Fondo firmó con tres empresas: Muysua SAS, que se encargaría de diseñar y brindarle al FCE un modelo de rentabilización de negocio; Inversiones Parking Space SAS, para administrar el estacionamiento; y Aruma BPO Logistic SAS, para manejar, por un periodo de diez años, la distribución y el almacenamiento de sus libros”, desde la casa matriz del Fondo hay una tendencia que quiere dar la impresión de que revelaron una historia vieja.
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“Es un poco como decir que es una historia que no debería tener mucha importancia. Primero que todo esa es una forma de desviar el debate y de intentar restarle importancia, aquí no se trata de si es una historia vieja o no, se trata de una historia que aparentemente afectó a bastantes personas que trabajaban en el Fondo de Cultura Económica, las afectó laboralmente y emocionalmente, perdieron su puesto y entraron en dificultades sea porque hayan renunciado o las hayan despedido. Ese tipo de consecuencias que puede dejar un gerente no se borran tan rápido”.
Tras la denuncia de probable corrupción, podrían venir los cuatro procesos legales contra el Fondo de Cultura Económica, que significarían un quebranto a la empresa colombiana, que puede derivar en una afectación a su balance económico y al monto de sus activos, y en consecuencia, al valor de sus acciones; es decir, al valor de la inversión de la casa matriz en Colombia. Por eso se espera que el Fondo de Cultura Económica entre en acción.
