Teotihuacán. —Elementos de la Guardia Nacional apoyaron a personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a colocar sellos de suspensión en una construcción, aparentemente, de un parque ecoturístico en un terreno de siete hectáreas en Oztoyahualco, Área B de restricción de la Zona Arqueológica de Teotihuacán.
Había unos 60 albañiles en la obra que, según la denuncia del INAH, ha ocasionado destrucción en esa área de vestigios prehispánicos, a 800 metros de las Pirámides. Es la tercera ocasión que se colocan sellos, las dos anteriores se violaron y el proyecto continuó, no obstante que no cuenta con la autorización.
La obra la lleva a cabo la familia del exalcalde perredista René Monterrubio (2013-2015), según residentes del municipio y durante la diligencia de ayer ahí se encontraba el exedil, quien contendió en la elección pasada para gobernar durante otro periodo, pero perdió con el morenista Jaime Heredia.
Los empleados de la construcción pretendieron evitar que personal del INAH estuviera en el terreno donde ya se levantó una barda perimetral y se han edificado varios cuartos, por lo que se presentó un conato de violencia. Además de la Guardia Nacional también acudió la policía estatal y la municipal.
El subdirector de Asuntos Penales de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, Jesús Hernández, dio a conocer que la inspección que se efectuó fue para constatar las afectaciones. “Se inició el procedimiento administrativo para que comparecieran que contaban con los permisos y como no se presentaron se llevó a cabo la denuncia por los daños.
“Los daños son especificamente la parcela número 19 y la 23, catalogadas como zona B de restricción. En el sentido estricto ya no deben de estar trabajando y tienen que comparecer con la documentación correspondiente. Y si siguen trabajando se estarán haciendo las siguientes suspensiones y se seguirá con la integración de la denuncia por la afectación al patrimonio arqueológico de la nación”.
La Secretaría de Cultura federal y el INAH condenaron las obras no autorizadas. “Hemos llevado a cabo todas las acciones correspondientes para perseguir la comisión de presuntos delitos contra el patrimonio de la nación, de acuerdo con la Ley de la materia, y con el fin de detener los daños”, dijo la dependencia en un comunicado el martes.
Un día antes, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO, demandó detener la destrucción arqueológica, que se evaluen las afectaciones por los organismos profesionales autorizados y perseguir a los presuntos responsables. EL UNIVERSAL solicitó al INAH mayor información, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
