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El Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitieron la declaratoria en la que consideran a los documentos de los fondos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) como de interés público, por lo que ahora podrán ser consultados sin restricciones; sin embargo, aún no hay una fecha exacta de cuándo será posible este tipo de consultas.
Ayer por la tarde, en el Auditorio Fernando de Alva Ixtlilxóchitl del AGN, Ruiz Abreu calificó la declaratoria como un suceso “histórico”, gracias al que se “abrirán documentos” generados por las corporaciones de inteligencia del Estado mexicano entre 1926 y 1985.
En una solicitud al INAI, con fecha de 16 de enero, el AGN señaló que buscaban que “se permita la consulta íntegra de la documentación que generaron diversas corporaciones de inteligencia del Estado mexicano desde 1926 hasta 1985”.
Desde ayer, dijo Ruiz Abreu, “se escribe un nuevo episodio para comprender la vida nacional reciente, que nos permite señalar los abusos de un régimen opresor para nunca más permitir que se vuelva a instaurar un gobierno que persiga y hostigue a sus ciudadanos. Con esto también se contribuirá a cicatrizar los estragos y los abusos vividos en el periodo conocido como la Guerra Sucia”.
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Ruiz Abreu enfatizó que esta declaratoria conjunta es un primer paso porque “para consumar la consulta íntegra es necesario definir criterios para la búsqueda y localización de la información que agilicen las consultas de los investigadores”, aunque no informó cuándo quedarán listos estos elementos.
El director del AGN dio a conocer la declaratoria junto con Francisco Acuña, comisionado presidente del INAI; las comisionadas Josefina Román y Blanca Lilia Ibarra, así como con Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos del Archivo.
El comisionado refirió que los fondos documentales ahora desclasificados forman parte de una época de represión de más de 60 años y tras su llegada, el AGN “se hizo muy atractivo”, y había “libertades para su consulta” hasta que se promulgó la Ley Federal de Archivos, en la que se creó la figura de archivos históricos confidenciales que limitaba su acceso.
Agregó que “fue hasta junio pasado cuando cobró vigencia la Ley General de Archivos (LGA) y comenzó el trabajo de liberar estos fondos”.
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La comisionada Josefina Román, quien preside la comisión de archivos del INAI, aseguró que a partir de esta declaratoria, los fondos DGIPS y DFS quedan libres de restricciones, en los términos del artículo 36 de la LGA, por lo que usuarios tendrán acceso a la consulta directa.
Los interesados en estos acervos ya no tendrán necesidad de elaborar una solicitud de información. Sin embargo, la comisionada enfatizó que el INAI es el órgano garante del derecho a la privacidad y protección de datos personales, por lo que estará atento de manera particular y casuística para aplicar en términos estrictos la Ley Federal y General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos.
La crítica continúa
En el anuncio de la declaratoria, Ruiz Abreu expresó su desacuerdo por las críticas emitidas por investigadores de diferentes instituciones contra su administración. Por su parte, los especialistas mantienen su postura.
Investigadores evidenciaron a través de redes sociales que el AGN colocó una aviso con fecha del 6 de enero en el que se leía que el fondo documental Investigaciones Políticas y Sociales estaba fuera de consulta por “encontrarse en un proceso de revisión”.
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“En ningún momento ha estado cerrado ese fondo documental. Fue un error de comunicación. Últimamente nos están acusando de que censuramos documentos, perdón, pero yo no sé qué es eso (de censurar), yo me dedico a organizar este archivo y todo mi equipo está ocupado en dar una consulta rápida que no ha sido posible porque así nos entregaron este fondo, hecho un desastre. Incluso se ha mencionado que se ocultan documentos porque está la información de cierto servidor público, pero eso no lo puedo contestar porque es algo que no va conmigo”, declaró Ruiz Abreu.
Sin embargo, esa no ha sido la única crítica que ha recibido el AGN. Tras darse a conocer la petición que hizo el Archivo al INAI, alrededor de 200 investigadores de varias instituciones dieron a conocer un pronunciamiento en el que la calificaban no sólo de innecesaria “sino que puede ser interpretada como una maniobra para eludir las responsabilidades del AGN como rector de las políticas archivísticas nacionales”.
Al respecto, Carlos Enrique Ruiz Abreu respondió: “Estoy contento (aunque) no me gustó la forma en que se hizo el pronunciamiento, porque se manejó la Ley General de Archivos, pero (los investigadores) no leyeron nunca la Ley General de Transparencia”.
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Hasta ayer por la tarde, los investigadores aún no tenían un consenso general, dijo César Valdez, subdirector de Historia Contemporánea en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y quien presentó el posicionamiento junto con las historiadoras Elisa Servín y María Magdalena Pérez.
“Aún no tenemos un consenso general para ofrecer un posicionamiento. En lo que sí estamos de acuerdo es en que creemos que no era necesario recurrir al INAI porque la Ley General de Archivos ya contenía todo. Los acervos son históricos y no deberían estar sujetos a la protección de datos personales. También creemos que deben consultar a los expertos que somos quienes podemos dar una opinión y completar la guías de dichos fondos con explicaciones de la naturaleza de ambos fondos”, indicó Valdez.
