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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó hoy en su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, que la Secretaría de Cultura cometió diversas irregularidades en el ejercicio fiscal de 2019 en áreas como Cultura Comunitaria, contratación de servicios, pagos no autorizados de adeudos de 2018, y transferencia de última hora para el Programa Nacional de Reconstrucción, que derivó en que los estados beneficiarios no pudieran ejecutar el recurso.
En respuesta, la dependencia justificó que la crisis sanitaria por Covid-19 significó un "reto mayúsculo" para entregar la documentación.
"La contingencia sanitaria por Covid-19 presentó un desafío mayúsculo para la entrega de documentación a la ASF en los tiempos y formatos solicitados, debido a que la localización de documentos para integrar las carpetas requería de la movilidad de personal, aún cuando los semáforos sanitarios pedían mantenerse en casa, lo que reveló la necesidad de dar soporte digital a la documentación que, con motivo de auditoría es solicitada a nivel nacional, por la que la obtención digitalizada estuvo ampliamente limitada por factores ajenos a la voluntad de los servidores públicos de proporcionar la información", se lee en el documento.
Entre las irregularidades que detectó la ASF está que Cultura pagó 675 millones 148 mil pesos a 16 personas morales públicas y privadas por la prestación de distintos servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos); sin embargo, no presentó la documentación justificativa y comprobatoria, que acreditara la prestación de dichos servicios, ni la recepción de los bienes correspondientes.
Al respecto, la dependencia indicó: "Se impulsará que el personal que realice tareas en procesos de contratación y ejecución de recursos esté capacitado en temas como COMPRANET y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Además, se fortalecerán los mecanismos de control de gasto; en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los ejecutores del gasto se dará prioridad a la ejecución de los recursos federales en tiempo, para cumplir con los compromisos establecidos durante el ejercicio fiscal vigente y con las metas de los programas y acciones de las distintas áreas".
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Respecto a los proveedores contratados, indicó que se entregó información tanto de contrataciones con el Sector Central como con el Sector Coordinado, "por lo que se detectaron diferencias en los montos, diferencias que fueron sustentadas y cuya información fue remitida para su consideración y aclaración".
Otra de las irregularidades que advirtió la ASF es que la SC suscribió contratos de manera conjunta con Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C., y Gestión Empresarial, S.A. de C.V., para servicios de administración de personal. Sin embargo, no acreditó los servicios que le prestaron esos outsourcing, a quienes les pagó 190 millones 219 mil pesos de pesos, ya que únicamente presentó 26 “informes de actividades”. Además, sólo se acreditó una nómina por 117 millones 960 mil pesos, es decir, no se conoció el destino final de 72 millones 529 pesos.
Si bien la ASF no especifica que estos contratos se refieren a Cultura Comunitaria, EL UNIVERSAL documentó en agosto de 2019 que, con el arranque de ese programa estrella, la Secretaría de Cultura contrató al outsourcing Lore Soluciones Integrales por 178 millones.
En respuesta, la dependencia indicó que para Cultura Comunitaria hizo una contratación de proveedores. "A través de Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C. y Gestión Empresarial, S.A. de C.V., se realizó la gestión de nómina, permitiendo la operación del programa a nivel nacional durante 2019, con la contratación de 1,100 personas en todo el país. Las y los agentes culturales fueron contratados en las propias comunidades en donde realizaron las actividades culturales del programa", precisó.
Respecto a otras irregularidades como el pago irregular de 727 millones 867 mil pesos del ejercicio fiscal 2018 sin tener autorización para ello; el pagó de 84 millones por plazas no autorizadas, o por qué para el Programa Nacional de Reconstrucción no entregó a tiempo los recursos a los estados beneficiarios, por lo que no se pudieron ejercer 194 millones, la dependencia no ofreció detalles.
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Sin embargo, indicó que "trabaja en el fortalecimiento y mejora de diversos mecanismos de control interno, necesarios en las áreas responsables en procesos relacionados con la gestión del gasto, contrataciones, licitaciones, entre otros".
La SC señaló que en las áreas responsables se "fortalecerán mecanismos relacionados en la integración de expedientes de adquisiciones" y que vislumbra la "posibilidad de concentrar toda la información en un banco electrónico digital, que permita articular la información de todos los procesos aun en el trabajo a distancia y así agilizar la búsqueda y entrega de datos en los actos de fiscalización".
Y dijo que están en proceso de seguir remitiendo información complementaria en el plazo de los 30 días una vez notificados los resultados, con la finalidad de solventar las observaciones realizadas.
apr/lsm
