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La puesta en marcha del ambicioso programa de Cultura Comunitaria —que aspira cubrir 720 municipios en los dos primeros años y la totalidad del país durante el sexenio, aunque hasta ahora tiene presencia en 279 municipios— ha derivado en la creación de una nómina paralela en la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal.
Se trata de una nómina de, por ahora, 630 personas, pero que para este año se calcula que tendrá una plantilla mínima de 823 y máxima de mil 133. Estas personas fueron contratadas a través de una outsourcing, Lore Soluciones Integrales, en un contrato por 178 millones.
Es una operación con una outsourcing a pesar de los cuestionamientos a este sistema; es una amplia contratación con todo y que en los primeros meses del año hubo más de mil despidos en Cultura.
El programa estrella de la Secretaría de Cultura se ejecuta desde Vinculación Cultural, a cargo de Esther Hernández. Vinculación pasó de tener en 2018 un presupuesto de 66.7 millones a 930.8 millones en 2019. Así se convirtió en la segunda dirección del sector central con más presupuesto, sólo por debajo de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (967.8 millones), y de los órganos administrativos desconcentrados, INAH (3 mil 739 mdp) e INBA (3 mil 84 mdp).
Este presupuesto por 930 millones es el que apareció en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, Hernández asegura que la dirección a su cargo tiene un presupuesto de 675 millones; que Vinculación recibe y maneja parte de la partida S268: Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC, con 160 mdp) y Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE, con 115 mdp).
Todo para el programa estrella. Lo que no ha cambiado —más allá de cualquier ajuste presupuestal— es el recurso para Cultura Comunitaria: del total del presupuesto de Vinculación Cultural, 400 millones son destinados solo a este programa de Cultura Comunitaria, que, en el discurso oficial, busca hacer efectivo el derecho a la cultura.
Su antecedente fue Cultura para la Armonía que surgió durante la gestión de Alejandra Frausto como directora general de Culturas Populares de la secretaría de Cultura, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre 2013 y 2017.
Cultura Comunitaria busca “promover los derechos culturales, principalmente en grupos y comunidades que se encuentran en condiciones sociales de vulnerabilidad y personas en reclusión”.
Está conformado por cuatro ejes: Misiones por la Diversidad Cultural, en el que, según cifras oficiales, han participado más de 20 mil personas en 396 actividades en 22 municipios de 20 entidades; Semilleros Creativos, que durante el primer semestre comenzaron a operar 180 en distintos artes y donde participan más de 7 mil 500 niños y jóvenes de 125 municipios de 31 estados; Territorios de Paz, que ha generado acciones en estados como Guerrero, Baja California y Ciudad de México; y Comunidades Creativas y Transformación Social con el que han realizado 46 encuentros en 23 municipios de 17 estados.
La otra nómina. La puesta en marcha de Cultura Comunitaria derivó en una nómina paralela. A través de la outsourcing han sido contratados, tras varias convocatorias, 630 personas que cumplen tareas de facilitadores, capacitadores regionales, operadores regionales y estatales, docentes, talleristas artísticos, co-operadores de proyectos, promotores y enlaces territoriales. Ellos reciben, entre ocho y 22 mil pesos mensuales.
De acuerdo con información de la Secult, publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el primer trimestre de 2019 se dio fin a contratos eventuales y de esquemas de capítulo 1000 y 3000, además, se registraron renuncias voluntarias, con lo cual mil 100 personas dejaron de laborar. Vinculación Cultural no renovó contrato a 60 personas que estaban por honorarios.
A lo largo del año, diferentes figuras de la vida política del país se han manifestado en contra del modelo de contratación vía outsourcing, uno de los más críticos fue el panista Germán Martínez, ex director del IMSS, quien un mes antes de renunciar, en abril, dijo que mediante el outsourcing las empresas defraudan a los trabajadores, al SAT, al IMSS y al Infonavit; la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, ha dicho estar a favor de que se revise la regulación del outsourcing y de que se establezcan reglas más claras, aunque está en contra de su desaparición. Otra crítica a este sistema es que representa una triangulación de recursos. Se prevé que en el próximo periodo ordinario se discuta el tema en la Cámara Alta.
Y justifica: “Cuando estábamos planteando el tema de la contratación de la gente que iba a estar en Cultura Comunitaria, yo insistía mucho en que tuvieran seguro. Si contratábamos por honorarios, y aparte un seguro para todos, iba a salir en una gran cantidad de recursos, equivalente a la del programa. Entonces, la solución que se ofreció fue ésta y se lanzó una licitación, se armó un expediente con los perfiles que habíamos solicitado en las convocatorias, con un mínimo y máximo de las personas que iban a estar por eje, éstos mínimos y máximos en función de los municipios, y con cuánto es lo que se les iba a pagar. Con esto se lanzó una licitación, a la que se postularon ocho empresas”.
De acuerdo con el código de contrato 1899489, que se puede consultar en la plataforma CompraNet, la Secretaría de Cultura pagó 178 millones 315 mil pesos sin IVA, por un servicio de siete meses, a la empresa Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa S. A. de C.V. por el concepto de: “Contratación de servicios especializados con terceros para atender el Programa Cultura Comunitaria de la Dirección General de Vinculación Cultural”.
De estos 178 millones, el porcentaje de ganancia para Lore Soluciones es 3.8%, según Esther Hernández (cerca de siete millones de pesos). La funcionaria sostiene que, aunque el contrato está firmado por 178 millones, a la empresa se le paga cada quincena según la cantidad de personas que se contrata.
Los documentos evidencian que fue una licitación pública nacional y que sólo participaron cuatro empresas. El acta de fallo determinó que Lore Soluciones era la única con una “propuesta solvente para proceder económicamente”. El contrato se firmó el 6 de mayo y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre.
A pesar de que este contrato fue de 178 millones, la semana pasada Vinculación Cultural rectificó sus cifras con relación a las del contrato público, e indicó que el mínimo del contrato era por 182 millones y el máximo 206 millones de pesos. No detalló por qué este cambio de cifras.
EL UNIVERSAL encontró que aunque Lore Soluciones está constituida como empresa mediana, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido 25 contratos que suman 588 millones 88 mil 630 pesos, todos ellos por la prestación de servicios outsourcing con dependencias como el Banco Nacional de Obras, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Pesca, el Banco Nacional de Comercio, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, entre otras. De 25 contratos que tiene, 10 fueron por adjudicación directa.
La convocatoria que emitió la Secretaria de Cultura para este servicio determina que la empresa ganadora tendrá la obligación contractual de “tomar las medidas necesarias para que el personal que asigne mantenga con carácter de confidencial toda aquella información y todo tipo de documentos a los que tenga acceso”, dicta el documento.
Además establece que el licitante adjudicado está obligado a “mantener afiliados al IMSS de manera interrumpida, a los trabajadores que presten servicios con motivos del contrato a formalizar con la Dirección General de Vinculación Cultural, durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el licitante adjudicado entregará bimestralmente al administrador del contrato copia de las constancias necesarias para la comprobación de su alta y pagos correspondientes”.
Lore Soluciones tiene la responsabilidad de entregar mensualmente una lista de asistencia correspondiente a los trabajadores del programa Cultura Comunitaria a Vinculación Cultural, y copia de la constancia de afiliación al IMSS y constancias de pagos correspondientes a las cuotas obrero-patronales al IMSS.
En este tema, la empresa no tiene buenos antecedentes. A principio de 2019, maestros contratados vía outsourcing, del programa “Prepa en Línea” de la SEP manifestaron en redes sociales que les habían retirado su prestación de seguridad socialy que sus pagos llevaban un semestre de retraso. La empresa a cargo de estas nóminas era Lore Soluciones, contratada por 203 millones de pesos.
Lore Soluciones es un conglomerado conformado por Help Rendimiento y Ventas S.A de C.V, Control y Servicios Derh S.A de C.V, Obra y Remodelación Activa S.A de C.V y DSD Grupo Técnico S.A de C.V. Su registro empresarial ante la secretaría de Economía es N-2018097980; pasó de estar constituida como una asociación civil a una sociedad anónima.
El giro que tiene registrado Lore es muy amplío, desde asesoría en administración de negocios y en investigación científica y desarrollo tecnológico; pasando por administración de personal y capacitación; custodia, mantenimiento y limpieza de oficinas públicas; hasta formulación de estudios legales y contables, y compras de mobiliario y artículos diversos, entre otros.
Tiene 18 apoderados legales que sortean la representación de la empresa en distintos contratos. La dirección que registró la compañía tiene una inconsistencia debido a que asegura ubicarse en Mazatlán, Sinaloa, pero la colonia y la calle que indican son de la Ciudad de México: Río Mixcoac 36 interior 1302-A, colonia Actipan, C.P. 3230, municipio Mazatlán, estado Sinaloa.
Las personas contratadas por outsourcing para Cultura Comunitaria son, por ahora, 630 personas; y aunque para este año se calcula que serán mínimo 823 y máximo mil 133, Vinculación informó a este diario que no habrá una nueva convocatoria próximamente.
Las 630 seleccionadas tras convocatorias lanzadas alrededor del mes de marzo, convocatorias a las que respondieron dos mil 300 personas y frente a lo cual, de acuerdo con redes sociales, usuarios dicen que sí las pudieron conocer en páginas de cultura o de sus estados, mientras que otros cuestionan que no hubo mayor difusión.
Esther Hernánez justifica el gasto de Cultura Comunitaria porque es la primera vez que un programa trabaja a nivel territorial, a nivel municipal: “Que haya tantos recursos es relativo: si los dividimos en el total, dan de 500 mil a un millón de pesos por municipio para el trabajo a lo largo del año —ahí está cubierto el pago de nómina, de promotores, materiales, equipamiento, producción en el caso de los jolgorios y de los eventos—. Es un recurso que parece demasiado pero es por el nivel de penetración territorial que tiene y por el involucramiento de gente a nivel a nacional. Estamos trabajando en municipios en los que no había presencia del Estado”.
Para Hernández el programa de Cultura Comunitaria no creó una nómina paralela de Vinculación Cultural: “Más que un tema de una nómina paralela es impulsar los proyectos que están en los distintos espacios, con las personas. Finalmente los proyectos no se desarrollan de la nada, tienen que ejecutarlos agentes culturales, y eso es lo que se está desarrollando”, ataja.
De acuerdo con la funcionaria la selección de las 630 personas que hasta ahora trabajan en el programa, de los 2,300 mil que respondieron a las convocatorias, se realizó mediante un proceso de dictamen que llevaron a cabo comités de especialistas. “Hubo gente de UNAM, UACM, Asociaciones Civiles, expertos en cultura y en arte que revisaron los perfiles en temas comunitarios”.
