De 2020 a 2022, el Archivo General de la Nación (AGN) registró 26 documentos faltantes de sus bodegas y salas, de los cuales 17 fueron ubicados en casas de subastas en Estados Unidos; 16 han sido recuperados, uno está en el Consulado de México en Nueva York en espera de ser repatriado, y los restantes son rastreados en casas de subasta o con particulares.
Para Marco Palafox Schmid, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos del AGN, los documentos faltantes y la forma en que han sido encontrados —alertados por especialistas e investigadores o subastados en el extranjero— revela una operación especial para sustraerlos, por lo que, asegura, existen presuntas organizaciones especializadas en el robo de documentos antiguos, con métodos especializados para cometer los delitos.
Palafox indica que a partir de las investigaciones realizadas para dar con los culpables de los delitos, han notado que los documentos sustraídos son de alto valor histórico y con una antigüedad importante, por lo que es posible que los robos se realicen bajo pedido de interesados en traficar documentos y archivos históricos.
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El funcionario enfatiza que es la primera vez que se trabaja en el rastreo de documentos robados o extraviados, ya que fue hasta 2021 que se hicieron denuncias públicas en contra del AGN por no resguardar correctamente los documentos históricos de la nación. Y agrega que, a raíz de tres casos de documentos encontrados en casas de subasta, el AGN ha comenzado un protocolo para hallar faltantes en sus catálogos y trabajar en su rastreo.
Pero la tardanza del AGN en tomar acciones para conocer a fondo sus acervos y establecer protocolos a fin de recuperar y repatriar documentos históricos robados se debe, subraya Palafox, a la inmadurez de la institución, pues fue hasta 2019 que entró en vigor la Ley General de Archivos.
Palafox cita tres casos en particular que explican el proceso que sigue la institución para combatir el tráfico de bienes culturales y aplicar las sanciones a los culpables.
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Caso Fondo Hospital de Jesús
Durante 2020, el AGN ayudó a integrar una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República luego de una denuncia interpuesta por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por el robo y venta de 16 documentos relacionados con Hernán Cortés y su nieto Fernando Cortés —integrados en el Fondo Hospital de Jesús— por las casas Swann, Christie’s, Bonhams y Nate D. Sanders. El precio de algunos de los 16 documentos era de hasta 50 mil dolares.
Pero fue un grupo de historiadores interesados en la vida de Cortés y en este tipo de ventas quienes alertaron al INAH sobre las cartas ofertadas. Y aunque el INAH interpuso la denuncia, el Instituto se puso en contacto con el AGN para que éste pugnara por los bienes históricos.
“Se puede pensar que como somos parte del gobierno, somos omnipotentes y lo sabemos todo; lo cierto es que antes de que se interpusiera una denuncia por parte de unos investigadores al INAH y al AGN, no teníamos idea de que esos documentos estaban en subasta”, expresa Palafox.
De esta forma, refiere, las autoridades de Estados Unidos se pusieron al tanto de la situación y con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores se detuvo la subasta antes de que los documentos fueran vendidos.
Estos documentos fueron recuperados y entregados al AGN en noviembre pasado.
Y aunque a lo largo de su historia se ha especulado sobre múltiples robos al AGN, el funcionario indica que no se pueden integrar las denuncias y las carpetas de investigación hasta que se compruebe que los documentos en cuestión realmente faltan en los acervos o fondos, por lo que las tareas de digitalización y búsqueda de faltantes se han incrementado este año.
Sin embargo, sostiene, en el caso de los documentos del Fondo Hospital de Jesús, el INAH y Relaciones Exteriores llegaron a un acuerdo con las casas subastadoras y no se aplicaron las sanciones que marca la Ley General de Archivos. “Me sorprende que en los casos de INAH de patrimonio robado o subastado no haya sentencias judiciales en la mayoría de los casos, no hay precedentes judiciales, eso puede generar incertidumbre; ellos prefieren la conciliación con los legítimos propietarios y hasta ahí se cierra, se da carpetazo; nosotros estamos aplicando la vía contenciosa para crear el precedente judicial, para hacer conciencia del delito de traficar con estos bienes, traficar con estos documentos tiene como sanción de cinco a 10 años de cárcel”, explica Palafox.
Fue por este primer caso que autoridades del AGN comenzaron las investigaciones para encontrar a los responsables. “Es importante señalar que no estamos descartando ninguna línea de investigación para dar con el o los culpables; quien sea que haya tenido acceso a los depósitos, ya sea personal de base, directivos o investigadores, no podemos descartar que pudieran ser los culpables; estamos identificando las metodologías de los robos, hay un modus operandi muy marcado”, afirma Palafox.
Caso Massachussets
Una carta de Hernán Cortés dirigida a su mayordomo y escrita hace unos 500 años, donde se hace referencia a un pedido de azúcar mascabado, es la protagonista del caso Massachussets, en el cual, por primera vez en la historia del AGN, intervino el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EU. “Orden de pago increíblemente rara para comprar azúcar rosado firmada por el conquistador Cortés”, reseñó la subastadora RR Auction de Boston, Massachussets, en mayo pasado.
El manuscrito hecho sobre papel de algodón fue puesto en el lote de subastas con un precio de salida de más de 18 mil dólares.
La localización de este documento fue posible gracias a que un investigador privado alertó, en una reunión especial en junio, al director del Archivo General, Carlos Ruiz Abreu. El simple comentario detonó las alarmas para que el documento no fuese vendido y pudiera regresar a territorio mexicano.
“Como el documento se encontraba en Estados Unidos, marcamos a una línea del FBI equivalente al 911, ahí dimos alerta de la situación, no creímos que nos fueran a hacer caso, pero dos horas después ya estaban investigando”, cuenta Palafox.
El documento, en el Consulado de México en Nueva York, espera ser repatriado. A raíz de este caso, el FBI refrendó su apoyo al AGN en una reunión el 29 de noviembre, para recuperar documentos históricos y combatir el tráfico ilícito de estos bienes.
Caso Miguel Hidalgo
El último caso al que refiere Palafox ocurrió el 8 de septiembre de 2020, cuando dos investigadores privados alertaron al AGN que una casa subastadora en la Ciudad de México tenía a la venta un documento firmado por Miguel Hidalgo y otro por Morelos.
Sin embargo, la subasta se realizaría el 10 de septiembre del mismo año y no había precedentes para interponer una denuncia a tiempo. Palafox específica que no contaban con tiempo de buscar el folio, fondo o libro al que pertenecían los dos documentos, por lo que se determinó ante un juez que ambos documentos son patrimonio documental de la nación y, debido a que es un delito penado lucrar con ellos, la subasta se pudo detener.
Palafox indica que los casos siguen abiertos para determinar a los responsables y sus sanciones en estos casos. Y celebra la reciente colaboración del AGN con instancias internacionales para ubicar bienes culturales robados.
Además revela que el FBI trabaja varias líneas de investigación para detener a grupos que roban y lucran con archivos y documentos sobre pedido, por lo que no descarta que en México ocurra algo similar, debido al alto valor histórico de los documentos sustraídos del AGN.
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