Para analistas y expertos en políticas culturales, las consecuencias que tendría el anuncio hecho el 14 de agosto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son de gravedad: el análisis de la reforma fiscal de hace una década para regular el financiamiento que las asociaciones civiles sin fines de lucro perciben mediante donaciones deducibles en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El anuncio se da en medio de un contexto particular, un conflicto político en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), representada por Pablo Gómez, cuestiona la recepción de recursos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Una de las donaciones que recibió la organización entre 2016 y 2023, y que fueron exhibidas por el Ejecutivo, corresponde a la organización sin fines de lucro, Fundación Kaluz, que administra la colección del Museo Kaluz; lo anterior, como un primer rastro del impacto de la iniciativa en el escenario cultural.
Las consecuencias que, de concretarse, tendría la reforma, son analizadas por los expertos Mauricio Merino, Carlos Lara y Arturo Saucedo.
La existencia de un modelo de estímulos fiscales, así como la del sistema de becas del extinto FONCA, hoy Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), sirve como prueba de que en México los artistas y actores del sector cultural dependen de apoyos para su supervivencia.
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En esta línea, el Artículo 25 constitucional específica cómo debe ser el desarrollo en el país: “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”.
Esta triada conformada por el estado, la iniciativa privada y la sociedad civil con responsabilidad social es subrayada por el especialista en legislación cultural Carlos Lara, quien también señala la ley reglamentaria del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, en el caso de la cultura, permite a las empresas deducir impuestos apoyando al arte. “Luego están los estímulos fiscales, el modelo de la política de estímulos fiscales que hay en el país”, abunda.
El analista cultural y legislativo, Arturo Saucedo, menciona el Artículo Cuarto constitucional, que en su fracción 12 establece el derecho de los sectores social y privado a participar en los programas y diseños de la cultura: “Es un derecho constitucional. No hacerlo es irnos a un estado autoritario donde todas las acciones del ámbito privado, así sean las no lucrativas, van a ser atacadas por el Estado”, dice.
Según la ley, un amplio abanico del desarrollo cultural se vería trastocado con la medida.
Para el académico e investigador Mauricio Merino son muchas las contribuciones de las ONG: “Las instituciones sin fines de lucro privadas han representado apoyos para la gente más vulnerable, en general, que suman más de 416 mil 62 millones de pesos en conjunto”. Si bien son más de 10 mil 605 las organizaciones registradas (que ofrecen desde ayuda humanitaria hasta promoción científica) con la autorización de recibir donativos deducibles de impuestos, éstas representan 1.48% del PIB, según la iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía.
En el Compendio Estadístico del Sector no Lucrativo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) se señala que las organizaciones culturales, autorizadas como donatarias, son 750 en el ya citado universo de 10 mil 605 organizaciones registradas con dicha etiqueta; estas 750 equivalen, en un cálculo rápido, al 0.09% del PIB.
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La medida no sólo implicaría ciertas trabas para el modelo de estímulos fiscales, el cual permite que una empresa, un contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, aplique un crédito fiscal para la creación y producción de proyectos de artes visuales, danza, teatro y música, así como la publicación de obras literarias.
“Las ONG son los brazos sociales que llegan a donde el Estado no puede llegar. Pero justo se necesita que el Estado genere esas condiciones”, explica Lara, que vaticina que una reforma así generaría una carpa con los artistas y creadores favoritos del gobierno: “Una cultura centralizada en grupos que reclamarán haber apoyado al gobierno”, dice y recuerda, como antecedente, que la ley del ISR se reformó a la mala para meter un comité que delibera cuáles son los proyectos merecedores o no de un estímulo fiscal.
“No todo el fomento cultural lo hace el Estado, no todo el fomento educativo lo hace el Estado y no toda la investigación científica la hace el Estado”, dice Saucedo; y, en palabras de Lara, de aprobarse la iniciativa, se mataría la comunidad y la libertad de asociación.
No está bajo ningún cuestionamiento la importancia de que el Ejecutivo entienda que el llamado “tercer sector”, las asociaciones y fundaciones privadas sin fines de lucro, están para apoyar y llegar a los lugares donde el gobierno no puede hacerlo, afirma Swald Huerta, presidente de la asociación civil Culturalmente Responsable, una de las decenas de firmantes del comunicado de Manifiesta tu Ciudadanía, dirigido a Pablo Gómez y a López Obrador, y publicado el 15 de agosto, sobre la relevancia de las organizaciones civiles en México.
El abanico es amplio porque también se vería afectado el financiamiento de museos, que se dividen entre lo público y lo privado, y una larga lista de instituciones, asociaciones y organizaciones cuyo trabajo es referente y no necesita presentación: Fundación Banamex, la Academia Mexicana de la Lengua, el Museo Kaluz, la Academia del Palacio de Minería, Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes, Fundación Azteca, Fundación Televisa, Foro Shakespeare, Fundación Sebastián, el Instituto Cultural Helénico, Amigos de la OFUNAM y la Academia de Minería, entre otras.
Con la extinción de los fideicomisos y la restricción a las asociaciones civiles, el lazo social y la comunidad se pulverizaría, continúa Lara.
En materia de Cultura, Educación y Ciencia, asegura Saucedo, esto equivaldría a una estocada final, puesto que el retroceso ya sucedió. “El daño se consuma a otro nivel. Si se prepara una iniciativa tendría todas las características de lo autoritario y anticonstitucional. Un estado autoritario es uno en el que sólo él fomenta la cultura, con un piso ideológico donde él impone y ve como enemigo a cualquier otro que proponga”.
El gobierno, indica Swald Huerta, tendría que entender que se le está apoyando. “Esa iniciativa afectaría terriblemente a las donatarias autorizadas y que tienen ya un esquema para poder allegarse de algún recurso a través de un privado, lo cual cada vez es menor porque hay miedo respecto a la restricción de las aportaciones. Hay una menor oportunidad de ampliar nuestro campo de acción. El riesgo de que el Estado centralice la cultura es modificar ideológicamente un pensamiento. La cultura está para abrir mentes, no para comprar ideologías”.
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Pero a Merino le inquieta además el vínculo que la iniciativa podría tener con la luz verde que se le dio a la prisión preventiva de oficio por razones fiscales: “Significa que en cualquier momento, cualquier persona puede ir a la cárcel por seis meses por no haber pagado impuestos o haberse atrasado con una declaración. Eso basta. La reforma que está promoviendo Pablo es fiscal”, abunda y recalca que la gravedad de esto es evidente al comprender las consecuencias que podría tener en ciertas organizaciones. “Esto cancelaría, además, muchas fuentes de financiamiento y respaldo para el teatro, música, pintura, trabajos callejeros y edición de libros. La sociedad civil existe con o sin regímenes autoritarios, vamos a tener que ser más cuidadosos o incluso llegar al clandestinaje”.
Lara dice que la sociedad civil organizada es quien tiene el diagnóstico de la comunidad: “No podemos dejar la política sólo en manos del gobierno. La política se hace también a través de la ciudadanía”.
Por último, Huerta pone el dedo sobre algo esencial: afectar la cultura equivale a afectar a toda la sociedad: “Necesitamos una alianza entre el sector público y privado para generar arte y cultura de mejor manera. Si se tuviera la conciencia de que el arte y la cultura sanan, tendríamos un sistema económico más fuerte, un sistema de salud más fuerte y un sistema educativo más fuerte. Apoyar el arte y la cultura generaría una sociedad económicamente activa, porque estamos hablando de desarrollo y la economía naranja, las industrias creativas e incluso la seguridad pública. Hay análisis al respecto que se han hecho en diferentes países”.
