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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó hoy que la Secretaría de Cultura , durante el 2019 contrató tres outsourcing por 190 millones que no fueron debidamente acreditados, de los cuales 72 millones se desconoce su destino final; además pagó irregularmente 727 millones 867 mil pesos del ejercicio fiscal 2018 sin tener autorización para ello; también pagó 84 millones por plazas no autorizadas, ni comprobó el pago de servicios de 675 millones y para el Programa de Reconstrucción no entregó a tiempo los recursos a los estados beneficiarios, por lo que no se pudieron ejercer 194 millones. En suma, la dependencia suma 1 mil 707 millones 149 mil pesos pendientes de aclaración.
Ante ello, la ASF advirtió que "la recurrencia en el uso indebido de los recursos públicos" destinados a programas sociales, así como la "inobservancia a la normativa aplicable, y la falta de transparencia en el pago y acreditación de los bienes y servicios", contratados por la dependencia, "propicia la impunidad; y se, truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor".
En su Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, correspondiente al gasto público de 2019, determinó 24 resultados, de los cuales, en dos no se detectaron irregularidades y los 22 restantes generaron: siete Recomendaciones, 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 27 Pliegos de Observaciones.
Entre las que se detectaron irregularidades, destaca que la SC, suscribió contrato de manera conjunta con Lore Soluciones Integrales Empresariales de Sinaloa, S.A. de C.V., Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C., y Gestión Empresarial, S.A. de C.V., los servicios de administración de personal.
Sin embargo no acreditó los servicios que en su caso, le prestaron esas outsourcing, a quienes les pagó 190 millones 219 mil pesos de pesos, ya que únicamente remitió como comprobación 26 “informes de actividades”, firmados por la directora de Capacitación Cultural de la SC, quien no contaba con facultades para tal efecto. Además, dichos informes carecen de fechas de emisión, nombre del emisor, del supervisor, del validador, firmas de los participantes y cargos.
Por otra parte, el proveedor proporcionó una nómina con 16 mil 499 registros de personas contratadas y pagadas en el periodo que abarcan 16 quincenas del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2019, así como una nómina extraordinaria por concepto de aguinaldo, que suma un total de 117 millones 960 mil pesos, misma nómina por la cual cobró a la Secretaría de Cultura, por lo que concierne al ejercicio fiscal 2019 un monto de 190 mil 219 mil pesos; es decir, no se conoció el destino final de 72 millones 529 pesos.
Si bien la ASF no especifica que estos contratos se refieren a Cultura Comunitaria , EL UNIVERSAL documentó en agosto de 2019 que, con el arranque de ese programa estrella, la Secretaría de Cultura contrató al outsourcing Lore Soluciones Integrales por 178 millones. Además, no es la primera vez que una institución detecta irregularidades en Cultura Comunitaria, en julio pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que dicho programa presentaba “cuellos de botella en la administración de recursos”.
Otra de las irregularidades es que la Secretaría de Cultura (SC) pagó 727 millones 867 mil pesos, con recursos públicos federales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores, es decir, del anterior sexenio, sin contar con la autorización correspondiente; además, de no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los bienes y servicios, que originaron dichos pagos.
Además, pagó 84 millones 136 mil pesos, por diversos conceptos del rubro servicios personales y nóminas, por plazas no autorizadas; así como por plazas de carácter eventual no autorizadas; además de haber pagado cantidades mayores a las autorizadas por concepto de remuneraciones a servidores públicos del sector central.
Asimismo, pagó 675 millones 148 mil pesos a 16 persona morales públicas y privadas por la prestación de distintos servicios y la adquisición de bienes (arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos); sin embargo, no presentó la documentación justificativa y comprobatoria, que acreditara la prestación de dichos servicios, ni la recepción de los bienes correspondientes.
Con relación al arrendamiento de bienes inmuebles que ocupó la SC, en el ejercicio 2019, se observó que pagó 1 mil 396 millones de pesos adicionales sobre el importe mensual máximo establecido en el dictamen valuatorio emitido por el INDAABIN, así como por haber rebasado el monto establecido en el acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles.
También transfirió recursos públicos federales del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) 2019, a diversos Estados beneficiarios el 30 y 31 de diciembre de 2019 por 194 millones 572 mil pesos; ocasionando, que estos no tuvieran la posibilidad material de ejecutar los proyectos apoyados con dichos recursos durante el ejercicio fiscal 2019, dando lugar a incumplimientos en cuanto a la ejecución de los proyectos autorizados (obra y plazos); además, por la falta de supervisión y control por parte de la SC, algunos beneficiarios utilizaron los recursos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable.
Y transfirió recursos públicos federales por concepto de donativos, a distintas personas morales públicas por 20 millones 245 mil pesos; sin embargo, no acreditó documentalmente que las donatarias cumplieron con los objetivos previstos para los cuales los recursos públicos federales fueron donados; así como tampoco, presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de estos.
Ante estas irregularidades, la ASF advirtió que "la corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a utilización de los recursos públicos federales para fines distintos a los aprobados", cuestionó "el uso indebido de atribuciones" y detectó "conductas reincidentes".
fjb
