La Ley General de Bibliotecas que el 1 de junio cumple un año de haber entrado en vigor, no tiene aún el reglamento para ser ejecutada, pero además tiene abiertos en su contra cerca de 110 amparos de productores de materiales editoriales y audiovisuales; a este problema se suma que en el Senado hay desde el año pasado una propuesta para hacerle modificaciones y enmiendas, lo que está a la espera de análisis.
El 11 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución a uno de los amparos. Resolvió que “El texto de la norma no vulnera los derechos de los autores, en sus vertientes patrimoniales y morales, puesto que no los obliga a entregar las obras de su autoría al Depósito Legal previamente a que éstas sean divulgadas o publicadas, sino a partir de los sesenta días de que ello acontezca”, señaló a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
La nueva Ley General de Bibliotecas que abroga la que databa de 1988, pasó de 16 a 44 artículos y entre ellos los que han generado más críticas de los editores, como parte de los creadores de contenidos, son los relativos: al Depósito Legal, pues no sólo deben entregar dos ejemplares de cada obra producida a tres depositarias, que son la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca de México.
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Así como las multas que se imponen a los editores que no entreguen sus materiales, que deberán pagar 50 veces el precio público de las obras; y que les ocasiona un daño patrimonial y moral a los autores al obligarlos a entregar ejemplares de sus obras al gobierno federal aunque según la resolución de la ministra, la entrega deberá ser “dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de edición o producción”.
En México, las resoluciones de la Corte constituyen jurisprudencia siempre y cuando lo resuelto en ellas se sustente de manera seriada en cinco sentencias ejecutorias, no interrumpidas por una que sostenga un criterio distinto.
A pesar de ello, Tomas Granados, director editorial de Siglo XXI (una de las editoriales que mantienen un amparo contra varios artículos de la nueva Ley), afirma que la resolución de la Corte “norma el criterio para resolver” los amparos que continúan y para él con esta determinación “se perdió en la discusión jurídica la inquietud principal de los editores”: no entregar sus contenidos digitales producidos.
Pero para Quetzalli de la Concha, presidenta del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, la resolución no es una batalla perdida, pues aún hay más amparos. “De pronto parecería que se negó el amparo a todos los titulares de derechos, a las editoriales, como si fuera un carpetazo a los amparos que están procurando defender a los editores y a autores respecto a las condiciones que la Ley plantea, y no es así, es una resolución sobre un solo amparo, de una editorial. Y lo que determina es que no hay vulneración siempre que se cumpla con ciertas condiciones, que es parte de lo que los editores hemos reclamado”.
Dice que no están de acuerdo con el exceso en los formatos que piden, particularmente con los digitales, “si quieren preservar las obras y la memoria de lo que se publica en el país, pues desde hace mucho ya entregamos la obra impresa”. La abogada apunta que además cuando la ley les dice que hay que entregar las obras una vez que sean editadas, se está adelantando, porque después de la producción viene la distribución y se afecta la normal explotación de la obra a quien la produce, “si lo entregamos antes puede ser que el archivo esté en manos de los piratas antes de que el editor la haya podido publicar”.
Sin garantía de protección
Para Tomás Granados, la materia de la queja ante la Ley de Bibliotecas tiene que ver con la ampliación del sentido del Depósito Legal que obliga a la entrega de los productos digitales, “el temor principal es que no sea suficientemente seguro el depósito como para que no se produzcan fugas que den pie a piratería”.
Dice que se desnaturalizó el depósito legal y preocupa que, como con una base de datos como el Padrón Electoral, se pueda conseguir en el mercado negro. “Si algo tan cuidado está disponible, imagina los libros de gran circulación, serán un pequeño tesoro exportable porque estarán en un lugar que tememos no sea suficientemente seguro”.
De la Concha indica que hoy ni las autoridades culturales ni las bibliotecas han demostrado tener “una plataforma especializada ni condiciones de soporte técnico para poder administrar las obras que solicitan en digital. Si es preservación de contenidos, con la entrega del ejemplar impreso tendría que ser más que suficiente”.
José Mariano Leyva, director de la Biblioteca México y de la Biblioteca Vasconcelos, dice que la preocupación central de los editores es muy válida y “tiene que ver con qué sucede con los materiales digitales. Con los físicos no hay mayor problema”; sin embargo, dice que los editores no deben preocuparse, pues su propuesta, al menos la de él, desde las dos bibliotecas que son parte de la Red Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, no piensan subir las ediciones digitales en línea.
Lo que han pensado es tener un “cerebro” o un “site congelado” donde se resguarde esa memoria digital y se consulte in situ, desde la Biblioteca Vasconcelos, en su caso, pero sin subir los materiales a la red, donde sí correrían riesgo de ser pirateados, que es la gran preocupación de los editores. “Ellos deben entregar y nosotros mantenerlos en una especie de cerebro o disco duro gigante, un site congelado, que no puede tener ningún tipo de conexión a Internet y que nada más puede ser manejado por dos o tres personas encargadas del depósito legal en cada biblioteca”.
Lo que han intentado en la Biblioteca de México y la Vasconcelos, es que los libros digitales se conviertan en “libros físicos”. La idea, dice Leyva, es “tener una sala muy concreta, y ya la tenemos identificada en la Vasconcelos, con algún tipo de tablets y que la gente pueda consultar ahí los libros digitales, sin descargarlos, pero esto lo haremos hasta que tengamos medidas de seguridad perfectamente armadas”.
En el caso de impresos, su propuesta con la de editores ha sido no poner los libros a disposición de los usuarios al día siguiente que salieron; “creo que estamos dando 90 días, es decir, tres meses de la salida del libro y ellos entregan y sólo después del proceso técnico será consultables”.
Y explica: “En tiempo real, de la salida del libro a que se pueda consultar, son unos cinco o seis meses”. Ese, dice, es el acuerdo, aunque falta afinar detalles; pero en cuanto a los libros o los documentos digitales “ya son más complicados”.
En vías del reglamento
Aunque en el Senado está la propuesta de un nuevo proyecto para enmendar la Ley de Bibliotecas, desde la Dirección General de Bibliotecas avanzan en la redacción del Reglamento que, a decir de Leyva, está listo y en poder de los jurídicos de las bibliotecas depositarias. “La próxima semana tenemos una reunión las tres bibliotecas, vamos a revisar la propuesta final del jurídico. Una vez que esté eso, Rodrigo Borja, director de Bibliotecas, piensa llamar a la primera sesión del Consejo que marca la Ley y en la que hay editores, para que se vuelva a revisar la versión final”.
El diálogo es la apuesta de Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana: “Hay varios caminos que estamos andando; está la vía legal, con la resolución de la Corte sobre los amparos; está la vía del diálogo, estamos conversando con la DGB, me he reunido con Rodrigo Borja, con el poder Legislativo, ya hay un proyecto que está en discusión, no resuelve al 100%, pero sí es mejor”.
Y es que para el gremio editorial lo ideal es que la Ley fuera enmendada y que su Reglamento ya fuera con base en los cambios.
Si la entregamos antes (la obra) puede ser que el archivo esté en manos de los piratas antes de que el editor la haya podido publicar”
QUETZALLI DE LA CONCHA
Abogada especialista en derechos de autor
El temor principal es que no sea suficientemente seguro el depósito como para que no se produzcan fugas que den pie a la piratería”
Tomás Granados
Director editorial de Siglo XXI
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de varias editoriales ha recibido la Biblioteca de México desde que la Ley entró en vigor
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