Sin gran alharaca, pese a su relevancia tras una gestión de varios años, el pasado 17 de octubre, el Senado de la República aprobó de manera unánime dos decretos relacionados con el libro. Dio salida al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro (aprobada en 2008, cuyo reglamento se publicó en 2010), en Materia de Precio Único; y el Decreto por el que se reforman los artículos 33, 39 y 43, y se adiciona el artículo 34 Bis de la Ley General de Bibliotecas (la nueva ley se promulgó en junio de 2021), sobre Depósito Legal.
Estas modificaciones que son vitales para la cadena del libro implicaron más de una década de gestión y cabildeos —en el caso de la extensión de 18 a 36 meses en el Precio Único a los libros—; y por lo menos dos años en Depósito Legal, que implica una extensión de 60 a 90 días naturales del periodo de entrega de los libros, y reduce la posibilidad de sanciones por retraso en entrega.
Pese a que sólo falta que ambos decretos sean publicados por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación —no existe un tiempo perentorio— y que ambas reformas entren en vigor, editores y libreros ven importantes avances para el gremio, aunque también algunos de ellos plantean nuevos retos e, incluso, se quedan con un sabor agridulce, pues hace falta que se concreten los alcances y se continúen las batallas en el Congreso de la Unión.
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Tomás Granados, director de la editorial independiente Grano de Sal, considera un avance que hayan definido a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) con las facultades para regular, vigilar y garantizar el adecuado y legal cumplimiento del Precio Único, sin embargo, le parece un árbitro extraño pues su defensa natural es la de los consumidores, no los editores.
Además, dice, en el fondo de esta extensión a 36 meses hay un deseo de las grandes editoriales por volver el Precio Único eterno: “La lucha debería haber sido ponerlo explícito en la ley. Es una salida muy a la mexicana de poner un límite, poner cierta restricción, pero de inmediato encontrar el modo de evitar esa restricción”, afirma el editor para quien, en la práctica, es cuestión de interpretación.
“Yo no conozco, y he buscado, una base, empírica, científica, que diga cuál es la extensión adecuada, entonces no sé cuál es el fundamento que diga 18 son malos, 36 son buenos, no creo que nadie tenga una justificación empírica de eso. Estos famosos 18 o 36 meses tienen que empezar en algún momento, ¿cuál es el momento cero para cada libro? creo que en el espíritu de la Ley y del Reglamento esa cuenta empieza cuando se termina la edición de un libro, eso ocurre para cada edición una sola vez, es decir, cuando el libro es una novedad”.
Sin embargo, lo que ocurre en la práctica, agrega, por una interpretación deliberada, sobre todo de las grandes editoriales, es que cada vez que reimprimen una obra se pone en ceros el contador, así estaba ocurriendo con los 18 y así quieren que sea con los 36. ¿Qué va a pasar? Se pueden dar escenarios extraños como que de una misma edición de un libro, con dos impresiones, para unos ejemplares se les acabe el plazo y para otros no.
Justo esa es la batalla que, para Claudia Bautista, presidenta de la Red de Librerías Independientes (RELI), deben continuar dando: volver el Precio Único permanente para beneficio de las librerías de barrio y sobre todo aquellas que no están en el centro del país. “El gran riesgo que se corre es que se dé por ganada la batalla, quedándonos a gusto y contentos con los 36 meses cuando la mayor parte de lo que se vende en las librerías es fondo, y no novedad, y obviamente estos 36 meses amparan las novedades, pero no los fondos. Yo he sostenido desde hace mucho que lo ideal es el Precio Único permanente”.
Sumado, afirma Bautista, a que no se deben perder de vista los contextos, como las librerías de provincia y las de las fronteras, ante una industria tan centralizada “¿cómo se iguala el precio y cómo no se le pierde? Es decir, más allá de escuchar, hay que tener en consideración todas las opiniones y realidades que viven los libreros, sobre todo los más alejados del centro”.
Otro grave problema que ve Granados, es que la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro no se cumple ni se cumplirá porque no sesiona el Consejo consultivo que la debe regular, “este gobierno no ha citado al Consejo una sola vez, y tienen que ser tres o cuatro veces, mínimo, al año, o sea que hay una omisión de por lo menos 15 sesiones de ese Consejo”, afirma el editor.
“Quisiera ser optimista de que la Ley va a revivir, pero en el fondo la parte más importante, que es la existencia de este Consejo que coordinan organismos públicos, la Caniem, la Asociación de Libreros, es una de las piezas esenciales y este gobierno sencillamente en los cinco años que lleva, no ha convocado una sola vez a ese Consejo. Entonces, podemos tener una Ley pulida, impecable, pero si no hay la decisión de ponerla en práctica con ese Consejo, no hay nada; y si tampoco hay un Plan Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro, menos; mientras no haya eso que ya estaba en la Ley, que no necesitaba una reforma, de nada nos sirven las leyes”, apunta.
Sin embargo, no todos tienen tal escepticismo. Para Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), y Gerardo Jaramillo, el nuevo presidente de la Asociación de Librerías de México (Almac), los logros con estas reformas son muy buenos para toda la cadena del libro, y ven un consenso general positivo, tanto en el Precio Único como en el Depósito Legal; incluso ven un avance en la iniciativa que está en Diputados de alcanzar Tasa Cero en el IVA para las librerías, igual que lo tienen las editoriales, aunque la iniciativa no se discutió en este periodo.
“Estamos muy contentos en el sector por la aprobación de estas dos modificaciones en el Senado, la de ampliación de 18 a 36 meses en Precio Único en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, y el Depósito Legal en la Ley General de Bibliotecas, las dos son muy buenas para toda la cadena del libro. La de los 36 meses conserva el espíritu de hacer más competitivos a todo librero chico y mediano del interior de la República, compite por servicio y no por precio frente a las ciudades y librerías grandes. Y en el Depósito Legal ayuda a todo el editor para que pueda hacer los trámites correspondientes y entregue en tiempo y forma sus libros editados”, afirma Jaramillo.
Por su parte, Setzer dice que en general hay un gusto en el gremio, en especial en cuanto al Depósito Legal, no se imagina a nadie que no estuviera de acuerdo con los cambios que se corrigieron. “Espero que la publicación en el DOF sea muy pronto, que no nos den largas, para que se termine el proceso porque ahí empezaría su aplicación”.
Tomás Granados concluye recordando que el lío con el Depósito Legal era el ánimo sancionador, y ahí está otro problema “siempre he pensado que la ley debería estar formulada en términos constructivos, es decir, aquel que cumpla con la ley puede tener acceso a algo más, a programas de estímulo, en vez de: el que no la cumpla, lo sancionamos. Claro, soy un ingenuo y creo que se pueden hacer esos programas”.
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