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México se enfrentó al mayor rescate patrimonial de su historia tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que pusieron en evidencia la incapacidad de la Secretaría de Cultura para atender el desastre, porque no había la cantidad suficiente de especialistas, existían reglas poco claras de operación y de administración para manejar recursos, y porque no hubo liderazgo para negociar con la rudeza de las aseguradoras, lo que ocasionó un gran retraso.
Según la pasada administración, en 2020 estarían prácticamente restaurados los 2 mil 340 edificaciones afectadas y los más de 6 mil bienes muebles. Tres años después, la Secretaría de Cultura informa que llevan apenas 47% de avance.
En diciembre de 2017, la entonces secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, advirtió a la prensa que “las instituciones culturales no fueron creadas para atender desastres naturales”. Y fue verdad, ejemplo de ello es que les llevó meses determinar cuántos muebles e inmuebles habían sido afectados y cuánto dinero se necesitaría para su restauración.
Aun así, el gobierno peñista dijo en repetidas ocasiones que tenían todo bajo control. García Cepeda incluso, a sólo tres meses de los siniestros, señaló que tenían ya negociado hasta 90% de los recursos con la aseguradora Banorte. Era mentira. También prometió que para 2020 estaría terminado el proyecto de reconstrucción en los 11 estados y que sólo quedarían algunos inmuebles con daño severo que podrían terminar en 2021. También fue mentira.
Incluso, la Secretaría de Cultura creó un Comité Ciudadano para garantizar la continuidad y transparencia de los trabajos de restauración, integrado por el escritor y analista político Federico Reyes Heroles, el ingeniero civil Roberto Meli, los arquitectos Francisco Serrano y Xavier Cortés Rocha y el antropólogo Bolfy Cottom. Un comité del que no se tuvieron más noticias.
Otro desafío fue acceder a las fuentes de financiamiento del seguro y del Fonden. El seguro, confesó Camarena, ejerció una “rudeza y trató de regatearlo todo” y el “INAH no estaba preparado para esa confrontación”. Además, por falta de tiempo, no se lograron hacer todos los registros ante el Fonden.
Valeria Valero, coordinadora nacional de Monumentos Históricos, dijo en septiembre del 2019 que ya tenían un avance de 50%, el resto iba a tomar todavía más tiempo, porque los procedimientos y la toma de decisiones se volverían cada vez más complejas. Aunque oficialmente se reportó un avance del 42%.
Aun así, Arturo Balandrano, director de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, aseguró el año pasado que el patrimonio cultural dañado será restaurado en su totalidad durante el próximo año.
Pero la realidad se impone, Valeria Valero aseguró en 2019 que en la Ciudad de México algunos de los inmuebles podrían tomar el resto del sexenio, por la complejidad de sus proyectos y porque en la capital hay un retraso que se arrastra desde 2017 por cuestiones, principalmente, administrativas. De los 197 inmuebles dañados en la capital, 49 tienen daño severo, 65 moderado y 81 menores.
El año pasado, Camarena informó que ya habían sido restaurados 895 inmuebles en el país. Ahora, el pasado 18 de septiembre, la Secretaría de Cultura informó que han sido mil 101, que se traduce a 47%, es decir, el avance durante 12 meses ha sido prácticamente nulo, pero oficialmente “la recuperación del patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017 no se ha detenido ni se detendrá” pese a la pandemia de Covid-19.
Litigio contra la aseguradora
En 2017, los inmuebles históricos estaban asegurados contra sismos y tras los dos eventos, el INAH realizó el reclamo de las pólizas. Por cada evento, el INAH podía reclamar hasta 3 mil 500 millones de pesos; sin embargo, el Instituto presentó una denuncia contra Banorte, porque la empresa argumenta que ya se hizo todo el pago.
“Banorte pagó en total 2,985,363,464.66 y todo se ejerció. El seguro incorrectamente incorporó el IVA y entonces aduce que ya se erosionó la póliza por un total de 3,463,021,619.01. Queda pendiente el pago de ese IVA y lo que representa el otro evento (sísmico) que desde luego no llega a los 3 mil 500 millones. De ese otro evento calculamos que su erosión es de mil 700 millones, más los 500 millones, por lo que la demanda contra Banorte estará más o menos en los 2 mil 200 millones”, explicó Salvador Camarena.
Agregó que debido a la falta de pago del seguro no se han atendido inmuebles de 10 estados, pero principalmente, de Oaxaca.
Por parte del Fonden, hasta julio de 2020 se habían liberado 169,435,446.
Numeralia
- 2 mil 340 inmuebles dañados en todo el país por el sismo de septiembre de 2017.
- 206 sitios atendidos de junio ade 2019 hasta septiembre de 2020; antes se restauraron 895.
- Mil 101 sitios restauraqdos en total, es decir, 47%; autoridades aseguran que en 2021 se concluirán los trabajos.
