El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer compareció este martes ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), luego de una serie de declaraciones donde afirmó que se destruyó y dañó bienes arqueológicos en las obras de construcción del Tren Maya, específicamente en el tramo 7 de dicha obra.
De acuerdo con Cortés de Brasdefer, las autoridades del INAH lo acusan de revelar información confidencial, poner en riesgos a los trabajadores del Tren Maya, mal uso de recursos públicos para proyectos arqueológicos e infringir la ley, por lo que el martes presentó su primera declaración, por escrito, de los hechos.
El arqueólogo sostiene que su caso es una venganza política por parte de las autoridades del INAH, el Consejo de Arqueología y el director de ese Instituto, Diego Prieto, y en más de una ocasión ha afirmado a EL UNIVERSAL que la destrucción de patrimonio arqueológico en las obras es un hecho que no puede ocultarse más.
¿Qué sigue en el caso?
Tras entregar su primera declaración en las oficinas del INAH de Hamburgo 135, el arquólogo explica que lo que sigue es la resolución de ese primer escrito, la cual, reveló podría ser entregada el martes 19 de noviembre. Sin embargo, por ser cierre de año, puede que el proceso se prolongue hasta inicios de 2025.
En todo caso, Brasdefer explicó a este diario, la defensa está preparada para llamar a declarar a tres testigos, los cuales, aseguró, son clave en el proceso, ya que pueden atestiguar la destrucción de patrimonio en el tramo 7 de la obra ferroviaria.
Será el Órgano Interno del INAH quien decida si Cortés de Brasdefer será sancionado por sus declaraciones, ya que, señala el investigador, las autoridades del INAH están buscando cesarlo por “ser una molestia para la autoridad”.
El abogado de Cortés de Brasdefer, Alfonso Figueroa, declaró que en caso de que la resolución afecte los intereses del afectado, podrán entablar un recurso legal contra la resolución del Órgano Interno de Control del INAH.
