Profesores, ingenieros, arquitectos, estilistas, jubilados, pensionados, comerciantes, amas de casa, estudiantes, abogados, luchadores sociales, activistas, ciudadanos de todo el país, entre los que están Enrique Dussel, Consuelo Sánchez, Pedro Miguel, Héctor Díaz-Polanco, Blanca Montoya, Elvira Concheiro, Beatriz Stolowicz, Armando Bartra, John M. Ackerman, John Mraz y José Manuel Valenzuela Arce, firmaron el documento “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”.
En redes sociales publicaron lo que llamaron “la respuesta social de 34 mil ciudadanos al desplegado “En defensa de la libertad” que el pasado 17 de septiembre firmaron 650 intelectuales, académicos y científicos.
Acusan que el desplegado es un “llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México”; que quieren “suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años”; y que “en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia””.
En Twitter Rafael Barajas “El Fisgón”, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de MORENA publicó la carta que, dijo, hasta anoche tenía 34 mil firmantes. En la misma red social, Pedro Miguel, adjuntó un documento de 752 páginas; es él quien está sumando las firmas. Anoche, tras los comentarios, pidió paciencia: “Se está en la depuración de nombres duplicados y en la corrección de aquellos en los que el texto predictivo o el corrector hicieron barbaridades”. Dijo que hoy se hará el corte de las firmas que se juntaron.
El jueves 17 de septiembre un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores, divulgaron un documento titulado “En defensa de la libertad de expresión”, en el que sostienen que ésta se encuentra “bajo asedio” en nuestro país y que con ello “está amenazada la democracia”. Critican el discurso presidencial porque “estigmatiza”, “difama”, “agravia a la sociedad”, “degrada el lenguaje público”, “rebaja la tribuna presidencial”, “profiere juicios y propala falsedades” y “siembra odio y división” en México. Acusan, además, que tras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador “han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes”.
Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado porque, según ellos, “ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo” y “el dolor de las víctimas por la violencia”, “ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y académicas”.
La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de marras niega de manera contundente su principal aserto: que la libertad de expresión está “bajo asedio”. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo que es claro es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral. Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas.
Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a la empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco “amagos judiciales” a “medios y publicaciones independientes” sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones.
Otro tanto puede decirse de organizaciones “ciudadanas” que eran en realidad tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscara la filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a las pretendida “lesión presupuestal” a organismos autónomos”, el escrito hace referencia a las políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal a las que se resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que vive más de la mitad de la población.
Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores –fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la violencia o maestros en resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que “el odio llegue al río”; una vez más exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y de su civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de las expresiones presidenciales sino consecuencia inevitable de su deshonestidad intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo gobernante que dejó al país en ruinas. Aun así, más allá de la repulsa ciudadana, no tienen nada que temer.
En suma, la supuesta “defensa de la libertad de expresión” alegada por los firmantes del documento de marras es, en realidad, un intento por sacar del debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los ciudadanos; sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso golpista las facultades y atribuciones legales del gobierno de México; sus quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias revelan el temor que tienen a perder la impunidad absoluta con la que varios de ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder.
Ante quienes operaron como privatizadores de la palabra, celebramos y defendemos con toda convicción la irrestricta libertad de expresión y el estado de derecho que el Ejecutivo federal impulsa en el país. Tras décadas de criminalidad gubernamental, éstos que eran anhelos empiezan a convertirse en realidad. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya terminó y no volverá nunca.