Proyecto UNAM: Universitario asume presidencia de órgano humanitario de la ONU

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El pasado 28 de marzo, Edgar Corzo Sosa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue elegido, en el Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza, presidente del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual es un órgano de tratado de derechos humanos.

El CMW fue creado a partir de que, el 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CRMW por sus siglas en inglés).

“El comité que presidiré hasta 2023 tiene como objetivo velar por el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales que derivan de esta convención, precisamente”, dice desde Ginebra el investigador universitario.

Asimismo, al convertirse en presidente del CMW, a Corzo Sosa le toca por turno encabezar durante un año la presidencia de las presidencias de los demás órganos de tratados de derechos humanos de la ONU, que son: el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.

“Esto es muy importante porque no sólo estaré al pendiente de las tareas relacionadas con los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, sino también las coordinaré con aquellas que atañen a los otros órganos de tratados de derechos humanos”, comenta el investigador de la UNAM.

Cabe apuntar que, además de la presidencia del CMW, se renovaron tres vicepresidencias (ahora corresponden a Senegal, Azerbaiyán y Bosnia-Herzegovina) y la relatoría (ahora corresponde a Guatemala).

El CMW monitorea periódicamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares en diferentes países, y también hace observaciones y supervisa que éstos las den a conocer entre sus respectivas poblaciones y lleven a cabo un seguimiento de su acatamiento.

“Podemos actuar de manera individual, pero también podemos hacerlo de manera conjunta con otros comités para hacer algunas observaciones generales sobre temas en común, como la niñez migrante, las mujeres trabajadoras migrantes y la desaparición forzada de personas migrantes, que al igual que al nuestro competen al Comité de los Derechos del Niño, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y al Comité contra la Desaparición Forzada, respectivamente”, indica Edgar Corzo Sosa.

Este comité está al pendiente de la frontera entre México y Estados Unidos, pero también de muchas otras, como las que hay entre Colombia y Panamá, Marruecos y España, y Turquía y la Unión Europea, por mencionar sólo algunas.

“Nosotros hemos destacado en múltiples ocasiones la importancia del respeto a los derechos humanos en las zonas fronterizas. De hecho, la ONU emitió una guía de protección de los derechos de las personas migrantes. Así, por ejemplo, se habla de que, si una de ellas cruza una frontera, no debe ser devuelta inmediatamente al país de donde proviene; antes se tiene que analizar cuál es su situación, ya que a lo mejor está huyendo por algún motivo político y su vida corre peligro. Por si fuera poco, el tema de la migración se volvió a refronterizar con la pandemia; al cerrarse las fronteras se abren unas zonas de tensión muy fuerte, porque las personas en contexto de migración no pueden cruzarlas y se aglutinan cerca de ellas, y entonces sus derechos humanos se ven incluso más transgredidos. E igualmente, algunas autoridades han aprovechado la pandemia y la seguridad sanitaria derivada de ésta como pretextos para no respetar los derechos humanos de los migrantes, es decir, para no atender su solicitud de refugio, negarles el acceso a la salud o sacarlos de un país determinado. En el caso específico de la frontera del Darién, entre Colombia y Panamá, una frontera de selva muy complicada, los migrantes no sólo están sujetos a la extorsión de las autoridades, sino también a la delincuencia organizada y el narcotráfico.”

De acuerdo con el investigador, los derechos que tienen las personas por el sólo hecho de ser personas deben ser respetados por todos y, en cuanto a los trabajadores migratorios, las autoridades de cada país receptor tendrían que analizar por qué decidieron cruzar la frontera, buscar la mejor manera de ayudarlos y tratar de abrir algunos canales para regularizar su situación.

Corzo Sosa, quien es el primer mexicano y universitario en asumir el cargo de presidente del CMW, está muy agradecido con la UNAM por haberle brindado la oportunidad de estudiar, aprender idiomas y prepararse para desempeñar una tarea tan delicada como la que se le acaba de asignar.

“También, por supuesto, estoy muy agradecido con el gobierno de mi país porque la propuesta dirigida a la Asamblea General de la ONU para que yo fuera miembro del CMW salió de él hace dos años… El cargo de presidente de este comité representa para mí un gran desafío, pero al mismo tiempo una gran oportunidad de colaborar más directamente en la protección de los derechos humanos. Como mexicano y universitario lo asumo con responsabilidad, y estoy cierto y confiado de que podré ejercerlo porque detrás de mi está el apoyo de mi país y la formación que me dio la UNAM”, añade.

En el discurso de inicio de su presidencia, el investigador señaló ante los miembros del CMW que la protección de los derechos humanos necesita aliados y que, según su experiencia personal, algunos de ellos pueden hallarse en las universidades, así como en las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.